La Audiencia investigará las hipotecas de Caja Madrid para descartar que haya delito
El juez De la Mata admite, frente al criterio del fiscal, una querella de dos accionistas minoritarios por posibles excesos en las tasaciones de casas
La Audiencia Nacional ha abierto la puerta a lo que podría terminar derivando en una especie de causa general -algo prohibido por la Constitución- sobre los excesos en que habrían incurrido las entidades financieras en la concesión de hipotecas durante la última burbuja inmobiliaria, e incluso en los primeros años de la última gran crisis financiera. Lo ha hecho, eso sí, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción que, aunque admite que tales conductas podría merecer algún tipo de reproche, niega que puedan ser una actividad delictiva.
Aún así, el magistrado José de la Mata ha aceptado investigar la querella de dos accionistas minoritarios de Bankia por la concesión presuntamente sistemática de créditos hipotecarios basados en tasaciones infladas. Ambos sostienen que esos hecho (hablan de estafa, entre otros delitos) se pudieron cometer entre 2003 y 2009, por lo que piden que se investigue penalmente a quienes entonces eran los responsables de Caja Madrid (el embrión del banco) encabezados por su expresidente, el controvertido Miguel Blesa.
En realidad, el caso viene de lejos. En noviembre de 2013 se presentó una primera querella, a la que también se opuso el fiscal por no apreciar en lo que contaba una transcendencia penal. En abril de 2014 e se intentó incorporar al llamado 'caso Bankia', donde se investiga su polémica salida a Bolsa, pero se desestimó por no apreciar conexión. Sin embargo, un año después se reabrieron las diligencias, de nuevo con Anticorrupción en contra, y estuvieron casi inactivas otros 10 meses.
Finalmente, De la Mata -titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, el que durante décadas ocupó Baltasar Garzón y luego su sustituto Pablo Ruz- requirió al Banco de España el informe que elaboró en julio de 2009 sobre la cartera hipotecaria minorista de Caja Madrid. Aquel dictamen, sin embargo, solo concluía con una propuesta de «recomendación» para sus responsables, a quienes se pedía que demandaran de su tasadora (Tasa Madrid) que fuera más rigurosa en su trabajo y, por tanto, no se excediera en las valoraciones de los inmuebles para que respondieran a «la auténtica situación del mercado». Y todo «con el fin de que las tasaciones constituyan un elemento de control que resulte de utilidad».
La morosidad se multiplicó
En su informe, el supervisor bancario había detectado que el modelo de clasificación de riesgos de la caja de ahorros no diferenciaba (al menos, hastas 2007) elementos importantes como el canal de entrada del peticionario o su nacionalidad, además de detectarse «deficiencias» en los datos que existían sobre su capacidad de pago. Hablaba así de operaciones «mal concedidas en muchos caso» o con «ratios de endeudamiento elevado», pero no apuntaba la existencia de indicios que apuntaran a conductas punibles, amén de que evidentemente la tasa de mora de la entidad se multiplicó (del 0,31% de diciembre de 2005 hasta el 8,4% de marzo de 2009).
Para la Fiscalía, se trata de operaciones concedidas mayormente antes del estallido de la crisis de 2008, «y en plena expansión de la burbuja inmobiliaria». Su pinchazo, añade, provocó una bajada de precios de las viviendas, «pero también una sobrevaloración en las tasaciones que fue práctica generalizada». Además, recuerda que esas valoraciones tenían seis meses de caducidad y, por tanto, se podían actualizar.
Pero De la Mata insiste en que esa problemática común del sector «no puede justificar cualquier práctica». Hace alusión en este sentido a sendas resoluciones de las instituciones europeas (Comisión, Consejo y Parlamento) donde «se establece la obligación de que los Estados miembros velen» por que existan normas «fiables» de tasaciones de vivienda.
Lo llamativo es que el juez reconoce que no basa su investigación tanto en la presunta existencia de indicios delictivos -«en un momento procesalmente tan temprano no se trata de ello», apunta- como en «comprobar si se puede excluir definitivamente su existencia». De momento, ya ha pedido numerosa documentación a Bankia correspondiente a la etapa de Caja Madrid.
