Guerra entre Bruselas e Irlanda por el apaño fiscal que benefició a Apple

El 'booooomm' sonó atronador el 30 de agosto. La Comisión Europea decidió dar un salto al vacío y obligar a Irlanda a recuperar 13.000 millones (sí, ¡13.000!) por impuestos no abonados por Apple entre 2003 y 2014 al considerar que el traje fiscal a medida ('tax ruling') elaborado por Dublín para el gigante nortemaricano supone una ayuda de Estado ilegal. Bruselas declaró la guerra y este lunes, todas las partes libraron su enésima batalla jurídica, política y mediática antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE) dirima un litigio que puede durar años.

Ya están todas las cartas encima de la mesa. Este lunes, los funcionarios de Competencia del Ejecutivo comunitario publicaron el contenido no confidencial de su decisión en el que detallan durante 130 páginas de prolija información técnica, cómo funcionaba el 'tax ruling'. Todo se canalizaba vía Irlanda para pagar un tipo impositivo de Sociedades irrisorio que llegó a ser del 0,005% en 2014 (menos de 50 euros de impuestos por millón de beneficios). De las dos filiales usadas, la que absorbía la mayor parte del beneficio (miles de millones) ni tenía espacio físico ni empleados, sólo existía sobre el papel y sus responsables se reunían un par de veces al año y sin verse personalmente, según las fuentes consultadas.

La publicación del texto coincidió con un durísimo comunicado emitido por el Gobierno de Irlanda que acusa a Bruselas de «haberse excedido en sus poderes e interferido en la soberanía fiscal nacional (...) vulnerando el deber de buena administración al no actuar imparcialmente y de acuerdo con la diligencia debida». «Irlanda no ha dado un trato fiscal favorable a Apple. La cantidad completa de impuesto fue pagada y no se suministró ayuda estatal. Irlanda no llega a pactos con los contribuyentes», zanja el Ministerio de Finanzas liderado por Michael Noonan, que ha pedido al Tribunal la suspensión de la decisión comunitaria.

España, a la espera

De momento, las multas no han entrado en liza ya que esos 13.000 millones es la estimación que Bruselas ha hecho del dinero que Irlanda debería recuperar en caso de que el Tribunal de Luxemburgo avale la decisión de la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. Las sanciones económicas se producirían en el caso de que Irlanda, en este caso, se negase a acatar la sentencia y recuperar un dinero que, ojo, sólo es una estimación. Esos 13.000 millones sólo son un cálculo de la Comisión en función de los datos aportados. La cantidad final corresponde cifrarla al Ministerio de Finanzas de Dublín, que a día de hoy la reduce a «cero euros».

Y si Irlanda ha decidido recurrir la decisión a los tribunales, Apple, como es lógico, ha hecho lo propio lanzando duras acusaciones contra Bruselas, a la que atribuye una intencionalidad política. «Somos un objetivo cómodo que genera muchos titulares y que permite que la comisaria sea elegida danesa del año durante 2016», arremetió este lunes en declaraciones a 'Reuters' Bruce Sewell, uno de los asesores del gigante de Cupertino.

La polémica va mucho más allá de Apple e Irlanda. Primero, porque Estados Unidos se está tomando esta serie de decisiones contra sus grandes multinacionales como una afrenta nacional (hay otros casos abiertos en países como Holanda o Luxemburgo); y segundo, porque Estados miembros como España ya han anunciado que estarán muy atentos para exigir en su caso a Irlanda y Apple el dinero que quizá deberían haber tributado en nuestro país en lugar de derivarlo todo a través del pseudoparaíso celta.