El Parlamento de Vitoria ha instado hoy al Gobierno Vasco a elaborar una estrategia de lucha contra la pobreza laboral derivada de la precariedad en el empleo, en colaboración con los agentes sociales y sindicales.

Todos los grupos de la Cámara, excepto EH Bildu, han presentado una enmienda de transacción a una iniciativa inicial del PSE-EE en la que se reclama al Ejecutivo este documento, «haciendo uso de la competencia autonómica en políticas activas de empleo».

En la resolución, aprobada por unanimidad en dos de sus cuatro puntos, el Parlamento pide que Lanbide intensifique la planificación y ejecución de itinerarios personalizados de inserción y de formación para el empleo para lograr una mejora en la calidad del empleo.

Con el rechazo de la coalición abertzale, también plantea al Gobierno que continúe con los programas económicos de estímulos a la contratación, «con estándares de calidad y dignidad» y que, a través de Lanbide, alcance acuerdos de colaboración con cualquier entidad que trabaje en los ámbitos del empleo, la formación profesional, la orientación, la intermediación e inserción laboral.

Txaro Sarasúa (PSE-EE) se ha congratulado de la mejora de los datos del desempleo en Euskadi, pero ha recordado que a la par han subido los demandantes de la Renta de Garantía de Ingresos.

Ha dicho que muchos de los solicitantes son personas con empleo que piden la RGI «fruto de sueldos paupérrimos», ya que en la actualidad «tener trabajo no es garantía suficiente para mantener una vida digna».

Amaia Arregi (PNV) ha recordado que Euskadi es la comunidad autónoma con salarios más altos e índices de paro más bajos, y ha pedido que se diferencie entre las personas que están en la pobreza extrema que las que están en riesgo de exclusión.

Arregi ha defendido la labor de Lanbide, que tiene un índice de intermediación laboral superior al 3 por ciento, «una de las más altas de Europa», y ha abogado por afrontar el problema de la pobreza en su globalidad, «sin adjetivos».

Arri Zulaika (EH Bildu) ha apoyado la petición de una estrategia contra la pobreza laboral, aunque ha considerado que «llega tarde», sin plazos y puede quedar corta.

Ha reclamado medidas de «emergencia ante una situación de emergencia» y, en este sentido, ha vuelto a proponer la creación de un fondo de 500 millones de euros para erradicar la precariedad en la contratación pública y luchar contra el desempleo juvenil y femenino.

Nerea Llanos (PP) ha hablado del «fracaso de las políticas activas de Lanbide», porque «no gestiona bien» ni la intermediación laboral ni la Renta de Garantía de Ingresos.

Llanos ha reconocido que la pobreza laboral es un «drama» que está motivado, entre otras cosas, por la temporalidad y los contratos a tiempo parcial, ya que «la crisis se ha ido comiendo los contratos fijos».

Gorka Maneiro (UPyD) ha reclamado una mayor acción del Gobierno Vasco en la lucha contra la precariedad laboral, porque tiene un consejero de Empleo «deprimido y deprimente».

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