Defensa de lo Público aplaude la subida del SMI y critica postura de la CREEX

La Organización para la Defensa de lo Público (ODP) considera "muy positiva" para los trabajadores y la sociedad extremeña en general la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y ha criticado las declaraciones realizadas respecto a este aumento por la patronal extremeña, la CREEX.

En su opinión, las afirmaciones de la patronal y de algunas organizaciones agrarias, "representativas de los grandes agricultores de Tierra de Barros", en las que manifiestan que esta subida es "negativa" para la creación de empleo y que "no beneficia" a la sociedad extremeña, responden a "unos intereses egoístas y clasistas de estas corporaciones patronales".

"A los representantes de las clases empresariales extremeñas no les gusta el incremento en el SMI, ya que lo aprobado por el Gobierno central les altera los beneficios empresariales, que así y todo no sufrirán cambios destacables", ha apostillado en una nota de prensa.

También les altera, según la ODP, sus "esquemas mentales" puesto que su posición "preponderante en el estado actual de la lucha de clases", les permitía establecer "de manera muy satisfactoria a sus intereses las relaciones laborales con la población trabajadora basadas sobre todo en el pago de salarios precarios".

La organización ha subrayado que el nuevo salario mínimo obligará a que en todos los sectores productivos suban los emolumentos que se pagan a los trabajadores desde el 1 de enero adaptándolos al SMI.

En el caso concreto de la agricultura, ha afirmado que el convenio agrícola deberá negociarse "de manera inmediata", además de que los jornales de los trabajadores del campo fijos y eventuales, que en la mayoría de las categorías están por debajo del SMI, deberán "modificarse y adaptarlos ya mismo al incremento producido".

En este sentido, la organización ha realizado una propuesta sobre salarios para el convenio agrícola que "se han estado discutiendo en asambleas de trabajadores en la zona de Tierra de Barros".

Esta propuesta establece, por ejemplo, para trabajadores fijos un salario de 1.013 euros para peón agrícola y de 1.500 euros para un titulado de Grado Superior; y para eventuales, 53 euros la jornada para el olivar y 65 para la vendimia, entre otros.

La Organización para la Defensa de lo Público ha insistido en que los representantes de la CREEX y de los grandes agricultores de Tierra de Barros recurren en sus afirmaciones a "los tópicos y las típicas falsedades sin base científica", amparadas en "una ideología anclada en la preponderancia y dominación de unas clases sociales sobre otras".

Ha recordado que los presupuestos regionales para 2019 destinan partidas para financiar las actividades agrícolas, entre las que destacan las procedentes de fondos comunitarios, en concreto "casi 600 millones de euros de la PAC".

En este sentido, ha señalado que la distribución actual de estos fondos comunitarios "beneficia muy específicamente a los grandes productores agrícolas" y entiende que la sociedad extremeña obtendría "mayores beneficios sociales si se procediera a un reparto más equitativo de esta partida".

"Toda esta gente sabe que la distribución de los fondos de la PAC tienen como objetivo acelerar la modernización y la concentración de la tierra en manos de las grandes empresas agrícolas y expulsando de sus tierras a los pequeños agricultores", ha recalcado.

La ODP ha agregado que el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, está "muy equivocado" si considera que con destinar partidas de "500.000 euros para financiar a las organizaciones agrarias o cientos de miles de euros a los patronos de la CREEX", se "garantiza el apoyo y frena las presiones políticas y críticas".

Ha censurado que el PSOE cediera a las "presiones de los agricultores" y se "cargara el rebusco perjudicando a las familias de los sectores sociales más bajos que encontraban en esta actividad un aliciente económico".

Y ha augurado que próximamente aumentarán "las presiones políticas de estos sectores empresariales" para que se haga el regadío en Tierra de Barros, cuando, según "suficientes informes técnicos y financieros", dichos regadíos son "una misión casi imposible por motivos derivados de las carencias de agua y el coste económico para superar las alturas naturales que impone el terreno".

A ello ha sumado el hecho de que la distribución de estos cultivos "beneficiará a un número muy pequeño de grandes agricultores a costa del dinero público", que una vez más servirá para "provecho de una minoría privilegiada situada en el escalafón superior de la sociedad".

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