CCOO pide la Mesa General para negociar el acuerdo de mejora de empleo en CLM

CCOO ha pedido hoy la convocatoria de la mesa general de los empleados públicos de Castilla-La Mancha, para comenzar a[…]

CCOO ha pedido hoy la convocatoria de la mesa general de los empleados públicos de Castilla-La Mancha, para comenzar a negociar el segundo acuerdo de mejora del empleo y de las condiciones laborales para aproximadamente 70.000 trabajadores de la Administración autonómica.

La secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Castilla-La Mancha, Lola Cachero, ha reclamado hoy en rueda de prensa la convocatoria de esta Mesa General, para recuperar la negociación colectiva en materias que hasta ahora estaban bloqueadas, para aplicar este acuerdo suscrito el pasado mes de marzo.

Este acuerdo, que suscribieron el Ministerio de Hacienda y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, ha sido "el primer acuerdo de calado en recuperación de derechos suscrito en diez años", por lo que harán falta varias reuniones y un amplio periodo de tiempo "para poder intercambiar propuestas y ver hasta dónde se puede llegar", ha afirmado Cachero.

Asimismo, ha dicho que "necesitamos también conocer cuál es la predisposición" del Gobierno regional y la voluntad política" a la hora de aplicar en sus términos más amplios el acuerdo general".

En este sentido, ha considerado que el Gobierno regional "debe de dar ejemplo para que el resto de Administraciones y las empresas públicas" puedan tener un espejo en el que mirar "para recuperar los derechos que les han sido arrebatados a los trabajadores durante la crisis".

Cachero ha indicado que es necesario ir preparando la negociación para empezar a negociar una vez que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o se aplique vía decreto el acuerdo alcanzado en marzo.

Con este fin, CCOO va a registrar hoy un escrito "con petición de datos vitales para comenzar a trabajar desde las organizaciones sindicales en el desarrollo de este acuerdo", ha apuntado Cachero, que ha confiado en poder tener estos datos a lo largo de mayo, para empezar a negociar en junio y poder llegar a acuerdos en julio.

Entre otros datos, CCOO pide a la Administración autonómica que informe del número de plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpida en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2017, desagregadas por categorías.

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También solicita información sobre el número de plazas dotadas presupuestariamente y que hayan estado ocupadas de forma temporal de forma ininterrumpida desde antes de enero de 2015, así como del número de fallecimientos, renuncias y pérdida de condición de empleados públicos en 2017.

Asimismo, demanda que se informe del número de contrataciones de personal temporal realizadas en 2017 y de la masa salarial diferenciada del personal funcionario, del personal laboral, del personal estatutario y del personal docente no universitario, ha señalado Cachero.

Por su parte, la secretaria regional de la Federación de Enseñanza de CCOO, Mercedes Gómez, ha comentado que una de las patas más importantes del cuerdo para la mejora del empleo público estatal son las mejoras salariales.

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Gómez ha dicho hay una parte va a ser igual para todos los empleados de administraciones públicas, pero hay otra parte que hay que negociar con la Administración autonómica y con las Administraciones locales, que son los fondos adicionales

Estos fondos adicionales irán de un 0,20 % a un 0,30 % con arreglo a la masa salarial y "esto es lo que queremos empezar a negociar ya, porque es necesario poner palabras y medidas concretas para esa subida salarial", ha indicado Gómez.

Por ello, la secretaria regional de Sanidad de CCOO, Chelo Cuadra, ha pedido la convocatoria inmediata de la Mesa Sectorial y que el Gobierno regional "se ponga las pilas", ya que el acuerdo afecta a unos 70.000 empleados públicos de la Junta de Comunidades.

Además, en la parte salarial el acuerdo servirá de referencia a la negociación que deben hacer Administración Local (ayuntamientos y diputaciones provinciales), Administración General del Estado (AGE) empresas públicas y centros educativos concertados.

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En total afectará a unos 140.000 trabajadores, de los cuales la mitad son empleados de la Junta de Comunidades (70.000), 46.000 de ayuntamientos y diputaciones, 6.000 de la AGE, 3.500 de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), 2.000 de Geacam y el resto de otros organismos públicos como CMM Media, han informado las representantes de CCOO.

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