Audiencia cambia pena de dos años de prisión por no delinquir en tres años

La Audiencia Provincial de La Rioja ha condenado a dos años de prisión a un hombre acusado de contratar a once trabajadores sin darlos de alta en la Seguridad Social en un taller de calzado en Arnedo, pero esta pena queda suspendida con la condición de que no vuelva a delinquir en los próximos tres años.

Esta decisión se ha adoptado en el juicio de conformidad celebrado hoy en la Audiencia Provincial, donde el fiscal, en su escrito inicial de acusación, pedía para este hombre una pena de siete años de cárcel.

El acuerdo también contempla para este hombre una multa de un año a cinco euros por día y una indemnización a la Tesorería General de la Seguridad Social por el impago de las cuotas de los trabajadores no afiliados, cantidad que se fijará en ejecución de sentencia.

Se ha determinado que no cabe sustituir la pena de prisión por la expulsión del país debido al arraigo familiar y social en el territorio nacional.

El fiscal, en su escrito inicial de acusación, señalaba que el acusado dirigía un taller dedicado a la maufacturación en Arnedo, en el que "contrataba a extranjeros en situación de irregularidad en el territorio nacional y, por tanto, sin darlos de alta en la Seguridad Social".

Respecto a la pena, el fiscal solicitaba, al inicio, cinco años de prisión y 3.000 euros por tener trabajadores "sin estar dados de alta en la Seguridad Social" y dos años más y la misma multa económica por "los riesgos para la vida y la salud de los trabajadores", procedentes de las condiciones materiales de prestación del trabajo.

El Ministerio Fiscal relató que, en marzo del año pasado, cuando los agentes de la Policía Nacional accedieron al edificio y entraron al taller, identificaron a once personas realizando labores de cosido, de los que diez tenían nacionalidad georgiana y una, ecuatoriana; así como a una trabajadora española, quien sí estaba dada de alta en la Seguridad Social.

El fiscal acusó a este hombre de no elaborar un plan de prevención de riesgos laborales y no realizar la evaluación de riesgos", por lo que, "de esta forma, no evaluó los riesgos inherentes a la actividad física de la fabricación del calzado".

"A su vez, los trabajadores no recibieron ni información ni formación en materia de prevención de riesgos laborales, no se les facilitó equipos de protección individual y no se les realizó la correspondiente vigilancia sanitaria", añadió el fiscal. EFE.

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