Transportistas pudieron pagar sobrecostes de 20 % por cártel camiones europeo

Los transportistas que compraron algún camión de seis o más toneladas de las marcas que durante los años 1997 y 2011 participaron en el cártel de precios de vehículos industriales descubierto por la Unión Europea podrían haber pagado un sobrecoste de un 20 % de media, ha destacado hoy el despacho Life Abogados.

Después de que la Comisión Europea (CE) impusiera a estos fabricantes una multa de casi 3.000 millones de euros por pactar precios en julio del año pasado, Life -uno de los bufetes que se encarga del caso en España- ha destacado en una rueda de prensa en Madrid que a partir de ahora empieza el plazo para que los transportistas pongan en marcha las reclamaciones por daños.

Según uno de los socios directores de Life, Juan Sánchez Corso, "siempre que hay una práctica anticompetitiva hay un daño cuantificable y justificable", pero, como es "difícil" determinarlo, "su ambición es crear un sistema de cuantificación de daños" que establezca criterios de cálculo.

La estimación del perjuicio medio del 20 % proviene de la "Guía práctica de cuantificación de perjuicios" que acompaña a la comunicación de la CE, ha explicado Sánchez Corso, aunque, en su opinión, los casos se tendrán que analizar "no cliente por cliente, sino camión por camión", ya que cada compra de vehículo puede tener una casuística diferente.

También es "importante" que haya diálogo entre el fabricante y el afectado para cuantificar el sobrecoste; de hecho, Sánchez Corso ha propuesto que se organice una "mesa de trabajo" con los fabricantes y los transportistas y ha valorado la vía extrajudicial como una opción para ganar más tiempo.

Los fabricantes afectados por este caso son MAN, Daf, Iveco, Daimler y Volvo/Renault; Scania se ha quedado fuera del acuerdo que firmaron los otros cinco fabricantes para pactar la multa porque rechazó su acusación y el caso de MAN es diferente porque ha sido "el chivato" y, por lo tanto, se ha librado de la multa de la CE, ha señalado Sánchez Corso.

Sin embargo, "las víctimas de este caso son los autónomos", que durante los años de crisis tuvieron que pagar el sobrecoste y, además, bajar los precios de sus servicios para ser más competitivos, ha destacado el otro socio director de Life, Ignacio González Rivera.

El plazo para que los afectados por los sobreprecios puedan demandar es de un año según el Código Civil español y empieza a contar "desde que el perjudicado es consciente del daño sufrido o pudo serlo", por lo que puede haber interpretaciones que afirmen que el plazo concluye el 19 de julio de este año - un año después de la multa- o, por el contrario, el 6 de abril de 2018, un año después de que se publicara la versión "provisional no confidencial" de la resolución.

La calidad de "provisional no confidencial" de la resolución impide que los posibles reclamantes tengan toda la información para poder emprender acciones legales, ha explicado el despacho de abogados, que actualmente tiene pendiente de tramitación unos 2.000 casos de transportistas afectados.

Sánchez Corso ha recordado que la resolución no sólo se refiere al sobrecoste de los vehículos, sino también al "sobreconsumo de combustible", ya que el pacto entre fabricantes incluyó el retraso de la introducción de las sucesivas tecnologías de emisiones (de la Euro III a la IV).

Otra de las "claves" que han destacado del caso es que no afecta a los vehículos de segunda mano ni a los servicios de reparación.

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