Sindicatos y municipios urgen reunión con delegada Gobierno sobre Aguablanca

CCOO y UGT y los máximos responsables de los Ayuntamientos de Monesterio, Cala y Real de la Jara han pedido una reunión urgente con la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, para que traslade al Gobierno central la exigencia de que se resuelva de una vez el expediente de la DIA de la mina Aguablanca.

En un comunicado, han informado de que, por cuarta vez, el Ministerio de Medioambiente ha reclamado a la propietaria de la mina, una filial de Sacyr, documentación adicional para pronunciarse sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ante el proyecto de ampliación al subsuelo del yacimiento minero.

Los sindicatos y los tres municipios más afectados por esta situación de "incertidumbre" y que forman la Mesa en defensa de la mina Aguablanca, situada en Monesterio (Badajoz), han lamentado esta nueva demanda.

En su opinión, con esta nueva petición se está llegando a "un extremo que atenta contra la dignidad" de las personas que trabajaban en la explotación y que a fecha de hoy siguen esperando la posibilidad de poder incorporarse a sus puestos de trabajo.

Más allá de la lógica de que una DIA se dé "con todas las garantías", han criticado que "su tramitación duré más de año y medio, se pierda en los pasillos del Ministerio y se deje sin trabajo a cientos de personas y en vilo a toda una comarca en la que la mina es parte fundamental para su subsistencia".

Según han recalcado, es la segunda vez que la Delegación del Gobierno y el propio Ministerio "faltan a los compromisos adquiridos con esta Mesa para la publicación de la DIA".

Así, han recordado que en la última reunión se comunicó que "antes de finalizar el otoño se aprobaría" y a fecha de hoy, bien avanzado el invierno, "no solo no se ha concluido, sino que se producen nuevos retrasos".

Han recalcado que la aprobación de la DIA, con los condicionantes que ésta establezca, es "imprescindible" para que alguna otra empresa se haga finalmente con la continuidad de una explotación que mantenía "cerca de 400 empleos y aportaba riqueza a toda la zona".

"Las continuas dilaciones no tienen explicación ninguna, más aún cuando otras declaraciones similares para otros proyectos se resuelven en plazos mucho menores", han apostillado.

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