Ribera plantea imponer a nuevas concesiones hidroeléctricas precios tasados

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha planteado hoy la posibilidad de imponer a las futuras centrales hidroeléctricas la obligación de suministrar la electricidad que generen a precios tasados a determinados colectivos o al territorio circundante.

Interpelada al respecto por el grupo Unidos-En Comú Podem-Em Marea, la ministra también ha planteado la conveniencia de constituir sociedades públicas de agua que gestionen directamente los salto eléctricos, y ha abogado por revisar los pliegos de las futuras concesiones atendiendo a la "actualización" del interés general.

Ribera ha explicado que actualmente hay 115 aprovechamientos hidroeléctricos de cuencas intercomunitarias extinguidos, de los que unos cien están abandonados y con poca rentabilidad económica aparente.

De los quince restantes, un tercio está siendo explotado por el antiguo titular, otro tercio está en fase de concurso para nuevos aprovechamientos y el tercio restante es explotado directamente por las confederaciones hidrográficas de manera transitoria hasta que se resuelva qué hacer con ellos.

Según la Dirección General del Agua, se prevé que extingan otras 25 concesiones hasta 2020 y 70 hasta 2030 y habrá que decidir qué se hace con ellas, lo que, en su opinión, representa una oportunidad única para repensar el papel de los saltos hidrológicos tanto en la mejora del estado de los ríos como en la transición energética, ha añadido.

"Es la ocasión de plantearnos distintas opciones que contribuyan de la mejor forma posible a que la energía hidroeléctrica sea un factor fundamental en hacer viable la transición energética de manera justa y a precios razonables", ha señalado Ribera, que ha recordado que actualmente la electricidad hidráulica concentra el 20 % de la potencia instalada y suma 1.100 aprovechamientos.

El objetivo, ha dicho, es estudiar que hacer con las concesiones que vayan venciendo en función de las posibilidades que presente cada aprovechamiento hidroeléctrico.

Según la ministra, habrá algunos con poca viabilidad económica pero que, sin embargo, son fundamentales para la restauración de la buena calidad de las masas de agua y la restauración hidromorfológica de los tramos de ríos más afectados.

En el caso de centrales fluyentes que son viables y no generan afecciones importantes a los regímenes de caudales circulantes, podrían contribuir a financiar los organismos de cuencas o a mejorar su capacidad de gestión y la realización de actuaciones de restauración medioambiental.

Por su parte, las centrales que son saltos reversibles o de pie de presa pueden servir para regular la capacidad de almacenamiento del sistema y dar estabilidad al mismo, reforzando por tanto un interés público que será capital durante la época de transición ecológica que defiende el Gobierno.

"Esto nos hace pensar que es un instrumento útil en la ordenación sistema eléctrico minorando la volatilidad de precios y aportando beneficios de interés público más allá que los que pudiera tener la propia producción hidroeléctrica", ha dicho la ministra.

En su opinión, la administración hidráulica debe decidir entre demoler un aprovechamiento cuando no sea financieramente viable o su mantenimiento sea contrario al interés público o si puede ser sacado a concurso de nuevo con condiciones de explotación diferentes.

Entre esas condiciones, ha planteado la presentación de contratos bilaterales a precio tasado o la obligación de suministrar a precio tasado la electricidad para facilitar el acceso a precios estables y razonables a los colectivos que lo necesitan o al territorio circundante.