Renfe elimina la fabricación en España como punto para adjudicar trenes AVE

El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, ha explicado hoy que Renfe eliminará del concurso para adjudicar nuevos trenes AVE la cláusula en el que se premiaba la fabricación en España, y que fue recurrida por el fabricante aeronáutico y ferroviario canadiense Bombardier.

El pasado 20 de mayo, Renfe anunció que "subsanaría el pliego" y abriría un nuevo plazo para presentar ofertas al macrocontrato del AVE después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales aceptara una de las alegaciones esgrimidas por Bombardier.

"Lo que va a hacer Renfe es eliminar este punto de los pliegos", relativo a la ponderación que se daba a la fabricación en España, y dar un nuevo plazo a las empresas interesadas para que se presenten, ha dicho hoy Gómez-Pomar en declaraciones a la prensa tras participar en el Congreso Europeo de Autopistas de Peaje.

"Me consta que Renfe resolverá la modificación con carácter inmediato", ha dicho Gómez-Pomar, quien ha reconocido desconocer si la solución técnica pasará por reducir el total de puntos de 100 a 99 o distribuir entre el resto de cláusulas esa puntuación.

El secretario de Estado de Infraestructuras ha considerado que se trata de "una incidencia menor" en un pliego extremadamente complejo y de gran calidad técnica, y ha recordado que urge disponer de trenes de alta velocidad para las nuevas líneas que se están construyendo en la red española.

El contrato prevé la adquisición de hasta 30 nuevos trenes de alta velocidad y su mantenimiento durante 40 años por un importe que puede alcanzar 2.642 millones de euros.

Durante el plazo de presentación de ofertas se presentaron cuatro compañías: CAF, Talgo, Alstom y Siemens. Bombardier reclamó por considerar que incumplía los principios de no discriminación, proporcionalidad y libre competencia porque el pliego contemplaba dar un punto de cien si los trenes se fabricaban en España.

En cuanto a las últimas decisiones judiciales en relación a las radiales en concurso, que ponen fecha a la liquidación de las mismas, Gómez-Pomar ha explicado que el Gobierno recurrirá porque entiende que esa resolución corresponde a la Administración General del Estado, que es la otra parte contratante dentro del contrato concesional.

"Se ha producido un conflicto de jurisdicción", ha insistido Gómez-Pomar, quien ha afirmado que el tiempo está poniendo de manifiesto que la propuesta de convenio del Gobierno era "buena".

Por otra parte, ha insistido en que el Gobierno está a favor de que las autopistas de peaje se incorporen a la Red Estatal de Carreteras, una vez finalice el periodo concesional, con el objetivo de que puedan ser de uso libre para todos los ciudadanos.

En ese caso, el Estado pasará a asumir su mantenimiento que, por tanto, dependerá de los Presupuestos Generales, según Gómez-Pomar, quien ha asegurado que se trata de una práctica extendida en cualquier país del mundo "que sigue modelos concesionales como complementos a los modelos de provisión publica de infraestructuras".EFECOM

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