Rechazo unánime a la "injusticia social" de cerrar la mina Aguablanca

Trabajadores, sindicatos y partidos políticos han mostrado hoy su rechazo unánime al cierre de la mina Aguablanca en Monesterio, durante una concentración en la localidad pacense en la que más de 2.000 personas han protestado por esta "injusticia social" que afecta a unos 400 trabajadores.

La concentración, convocada por CCOO y UGT, ha contado con la participación de personas llegadas desde diversos municipios de Extremadura y de Andalucía, como El Real de la Jara y Cala, que también tienen trabajadores en esta explotación de níquel y cobre.

Diputados regionales, senadores y varios alcaldes han acudido a esta cita para mostrar lo que el alcalde de Monesterio, Antonio Garrote, ha tildado de "frente común institucional" para oponerse al cierre de esta mina, que supondría el despido de 400 trabajadores.

Garrote ha agradecido el apoyo recibido después de que la multinacional canadiense Lundin Mining, propietaria de Río Narcea que explota los recursos mineros, anunciase su intención de cerrar Aguablanca y despedir a los trabajadores, los cuales firmaron el pasado año un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Para el regidor, es una "injusticia social" y un "engaño a los municipios de la zona" la decisión de la multinacional de cerrar la mina, después de "haberse forrado cuando el precio del níquel estaba en 20.000 euros".

Garrote ha recordado que la empresa justifica esta decisión en la disminución de los beneficios de la explotación como consecuencia de la bajada de los precios de níquel y cobre.

En declaraciones a los manifestantes, ha señalado que confía en que la movilización surta efecto y "el Ministerio obligue a la empresa a que continúe abierta" la mina, ya que los perjuicios serían muy importantes para toda la zona.

Los líderes sindicales de UGT y CCOO en la región se han sumado a la petición del alcalde de Monesterio, así como del director del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), Juan Pedro León, de que el Ministerio de Industria conceda con urgencia la autorización de explotación subterránea en la mina para mantener su actividad.

El secretario regional de CCOO, Julián Carretero, ha subrayado que el Ministerio de Industria es el que tiene competencias para impedir el cierre, por lo que si no interviene, sería "una dejación de funciones, además de una traición al pueblo".

Las centrales sindicales han afeado al Ministerio que aún no haya aprobado la Declaración Ambiental Integrada (DIA), solicitada por la empresa para ampliar Aguablanca con la explotación en galerías subterráneas, lo que podría suponer una alternativa al cierre.

Y es que hay prospecciones que apuntan a que habría reservas de níquel de unos 3,2 millones de toneladas, han indicado.

El secretario regional de UGT, Francisco Capilla, ha advertido de que la mayoría de los trabajadores de Aguablanca se quedarían sin prestaciones por desempleo si se cierra la mina pues las han agotado en los meses que han transcurrido desde la aprobación del segundo ERTE.

Además, ha cifrado en 17 millones de euros la masa salarial que se perdería en esta zona limítrofe entre Extremadura y Andalucía.

Por ello, considera "de muy difícil justificación" que el Ministerio permita el cierre de esta mina, después de que en los últimos años haya declarado unos beneficios de 20.000 euros. "Hay pocas empresas que den tanto valor añadido con tan pocos trabajadores", ha apuntado.

El presidente del Comité de Empresa, Eloy Sánchez, ha confesado que el proceso de negociación "va a ser duro" y ha añadido que están dispuestos a continuar con las movilizaciones que, según los sindicatos, "se van a intensificar" a partir de ahora.

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