Puertos Málaga y Almería: Apoyo público a líneas no se puede poner en riesgo

Los puertos de Málaga y Almería han coincidido hoy en que no se puede poner en riesgo el apoyo público que reciben las líneas marítimas que les conectan con el puerto de Melilla, dada la "larguísima historia" de más de un siglo que tienen y la "necesidad vital" que supone su existencia para los ciudadanos.

Los presidentes de ambos puertos, Paulino Plata en el caso de Málaga y Trinidad Cabeo en el de Almería, se han referido así a la adjudicación del nuevo contrato marítimo de las líneas marítimas que conectan ambas ciudades con Melilla, declaradas como Obligación de Servicio Público (OPE), que está en proceso de resolución.

Este contrato salió a licitación por 14.386.246 euros para dos años, pero una de las dos empresas que se han presentado a este concurso, Trasmediterránea, actual adjudicataria del servicio, ha presentado una oferta económica de cero euros.

Tanto Cabeo como Plata han coincidido en calificar esta oferta como "valiente", y han mostrado su preocupación por el hecho de que la Unión Europea pueda entender como "innecesario" el apoyo público a este contrato marítimo, algo que ninguno de los dos comparte porque se trata de líneas que deben funcionar tanto en periodos de bonanza como en los de dificultad.

"Tenemos que ser muy prudentes y cuidadosos y decir que la ayuda pública es fundamental que se mantenga en el futuro, porque atiende una necesidad vital para los ciudadanos a la hora de relacionarse de manera cotidiana y habitual con la península", ha aseverado Paulino Plata.

Cabeo, por su parte, ha afirmado que las líneas marítimas que tiene Melilla con la península "hay que cuidarlas", y ha recordado que las vías de comunicación "históricas" que ha tenido la ciudad autónoma han sido a través de Málaga y Almería, desde hace más de cien años.

Ha añadido otro argumento al apuntar las importantes inversiones que ha realizado el puerto de Almería para poder atender el tráfico que genera su conexión con Melilla, cifrada en unos 38 millones de euros, de acuerdo con los requisitos que exige la Unión Europea, de ahí la necesidad de amortizarla y continuar dando ese servicio.

.