Propietarios de viviendas irregulares llevan su problemática a la ONU

Los propietarios de viviendas irregulares ubicadas en suelo no urbanizable en la comarca de la Axarquía (Málaga), principalmente extranjeros, han decidido acudir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para dar visibilidad internacional a la problemática que sufren.

Los afectados, integrados en el colectivo Save Our Homes Axarquía (SOHA) -Salvemos Nuestros Hogares, en español-, que cuenta con medio millar de socios, han aprobado acudir al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, al que solicitarán que aborde este asunto.

El portavoz de SOHA, Mario Blancke, ha explicado hoy a Efe que la intención del colectivo con esta acción no es "poner palos en las ruedas" de las negociaciones que están en marcha con la Junta para la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y el decreto de regularización de viviendas 2/2012.

No obstante, el también alcalde de Alcaucín por Ciudadanos ha reconocido que este trámite, mediante el que se pretende dar solución a la mayor parte de las aproximadamente 15.000 casas ilegales que se estima que existen en la Axarquía, no marcha la velocidad que requieren los propietarios de las viviendas.

Ha detallado que la modificación comenzó como procedimiento de urgencia en septiembre de 2014, pero actualmente se encuentra aún en la fase de enmiendas parciales, por lo que con la acción ante la ONU, SOHA intenta "aumentar la presión sobre la Junta y que no se olvide de que existe un compromiso con los propietarios".

Según el portavoz, se ha optado por este comité de la ONU porque no tiene la saturación de otros organismos internacionales, y ha precisado que lo que se le va a reclamar es una resolución en torno a este conflicto "que sea favorable para ambas partes".

"La Junta y nosotros llevamos velocidades muy diferentes, pero no podemos obviar que muchos de los afectados son personas con edades avanzadas y que necesitan pronto seguridad jurídica para las viviendas que compraron de buena fe", ha añadido.

Blancke ha manifestado que SOHA ha ido priorizando sus acciones y en primer lugar, exigió la modificación de la ley en el ámbito administrativo y penal para obligar a que en caso de demolición de una vivienda, se indemnizara a los propietarios que la adquirieron de buena fe y con licencias otorgadas por los ayuntamientos.

Sin embargo, ha insistido en que, una vez logrado ese objetivo de amparar los derechos económicos, los extranjeros que se han asentado en la Axarquía y en otras regiones de Andalucía no lo han hecho para ver cómo derriban sus casas, sino para integrarse y pasar el resto de sus días en esta comunidad.

"Hemos sido víctimas de una irregularidad, derivada de una pugna entre las administraciones locales y la autonómica", ha agregado.

SOHA ha propuesto un régimen de legal fuera de ordenación para las casas que están amparadas por su licencia municipal pero que están fuera del planeamiento, frente a la figura del asimilado a fuera de ordenación que no permite obras de mejora o consolidación.

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