Presidente de Congreso denuncia delitos en desalojo campesino en Paraguay

El presidente del Congreso paraguayo, Roberto Acevedo, y cinco senadores opositores denunciaron hoy ante el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, la comisión de presuntos delitos en el desalojo del asentamiento campesino de Guahory (centro-este), ocurrido hace dos semanas.

Tanto Acevedo como los senadores exhortaron a la Fiscalía a que investigue la intervención de 1.200 policías para desalojar a cerca de un millar de campesinos del asentamiento de Guahory, en el departamento de Caaguazú, presuntamente sin orden judicial ni intervención de fiscales, informó hoy la página web del Senado paraguayo.

Tras conocer los hechos, los senadores Esperanza Martínez, Miguel Ángel López Perito y Luis Alberto Wagner se desplazaron la pasada semana hasta la zona de Guahory para recabar testimonios, pruebas documentales, fotografías y filmaciones sobre el desalojo, que este lunes presentaron en la Fiscalía para acompañar la denuncia.

"Pedimos al fiscal que se abra el proceso, se investigue y se encuentre si hay responsables y que se castigue, lo que no podemos permitir es que siga la impunidad", declaró la senadora Esperanza Martínez.

El senador Miguel Ángel López Perito, por su parte, se sumó al pedido de que la Fiscalía abra una investigación, y denunció que en el desalojo se verificaron al menos nueve delitos diferentes.

La pasada semana, la Conferencia Episcopal paraguaya condenó el desalojo de la comunidad campesina de Guahory y criticó el "uso desproporcionado de las fuerzas públicas" para destruir los cultivos y las viviendas de los campesinos.

Por su parte, la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), denunció que los campesinos del asentamiento fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por los policías durante el desalojo.

Un total de 43 comunidades campesinas paraguayas fueron víctimas de violencia procedente de las fuerzas de seguridad en diferentes conflictos por la titularidad de las tierras o contra la fumigación con agroquímicos entre 2013 y 2015, según un reciente estudio de la organización Base IS.

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