Pons pide al ministro de Fomento pisos del "banco malo" para alquiler social

El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha planteado hoy al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna,[…]

El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha planteado hoy al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como "banco malo" destine a alquiler social parte de su parque de viviendas vacías.

Pons ha planteado esta demanda durante la Conferencia Sectorial de Vivienda celebrada en Madrid, en la que De la Serna ha anunciado que el nuevo plan para el periodo 2018-2021 incluirá un programa específico de ayudas para personas en situación de desahucio que podría rondar entre los 150 y 400 euros al mes.

En un comunicado, el Govern ha detallado que Pons ha solicitado que los pisos del "banco malo" vacíos durante más de dos años deberían ser cedidos a instituciones públicas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda.

El conseller ha incidido en que Baleares necesita "medidas urgentes para descongestionar el mercado de la vivienda", que sufre "fuertes alteraciones", particularmente en Ibiza.

"No podemos permitir que haya bolsas de vivienda cerrada el mismo tiempo que hay dificultades de acceso. Entidades semipúblicas como la Sareb han de contribuir a regular el mercado de vivienda y no podemos permitir que sean las causantes de esta situación", ha declarado Pons.

Por su parte el ministro ha explicado que las ayudas del nuevo plan de vivienda estatal serán complementarias a las líneas con las que ya cuentan las comunidades autónomas para proteger a los colectivos más vulnerables.

El objetivo es crear un fondo social de vivienda en el que los propietarios puedan incorporar aquellas viviendas vacías que lo deseen en régimen de alquiler y sea el Estado el que pague directamente la ayuda a los dueños de los inmuebles.

Con respecto a la cantidad de la ayuda, De la Serna ha agregado que aún se debe debatir y que dependerá del acuerdo que se alcance con los servicios sociales de los ayuntamientos.

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