Podemos pide una moratoria y que se paralice la licitación de la V-21

Podemos y València en Comú han solicitado hoy al Ministerio de Fomento la paralización de la licitación de la obra de la autovía V-21 y plantean una moratoria para que se estudie una alternativa conjuntamente, lo cual contempla retener la inversión de 30 millones y no perjudicar a un tercero.

El diputado autonómico Antonio Montiel, la portavoz municipal de València en Comú, María Oliver, y la diputada en el Congreso Rosana Pastor han señalado que esta obra "no es necesaria, no respeta el modelo de ciudad" que defienden sus formaciones sino que responde, a su juicio, a "unos parámetros de movilidad y de gestión de territorio totalmente obsoletos".

Desde Podemos han defendido un "cambio de modelo" con respecto a la planificación de las inversiones: que se estime conjuntamente entre las instituciones valencianas y el Gobierno dónde sería más óptimo y eficiente invertir el dinero, a pesar de que el Ministerio tiene previsto abrir mañana las ofertas económicas para proceder a la adjudicación del contrato.

La Ley de Contratos del Sector Público permite que la Administración suspenda el acto de mañana y señale una nueva fecha, hasta un máximo de tres meses, para la apertura del sobre de la plica económica y estudiar así otras alternativas, han remarcado.

Los plenos de Alboraya y València aprobaron una moción en la que pedían la paralización de la ampliación a tres carriles del tramo Carraixet-València de la autovía V-21 ante el impacto ambiental en la huerta, han recordado para lamentar el "paternalismo" del Estado y demandar que "se cuente con la opinión de los actores implicados".

Han insistido en que abogan por un modelo que apueste por el transporte público sostenible y han tildado de "muy grave" que el Ministerio "no escuche la voz democrática de los territorios a los que afecta la obra, que han decidido tener una V-21 con menos carriles".

Los tres representantes han pedido que las instituciones valencianas estudien una alternativa conjunta con Fomento del proyecto de la V-21, siguiendo criterios de eficiencia y sostenibilidad, para destinar el dinero "en aquello que la Comunitat necesite, no donde el Ministerio considere desde sus despachos de Madrid".

En este sentido, han aseverado que las instituciones territoriales tienen capacidades políticas y competencias en materia de planificación urbanística y de territorio.

En su opinión, el Ministerio es consciente desde el mes de agosto de la "clara oposición" de las instituciones valencianas con respecto a la obra, y a pesar de que se presentó hace diez años, "los gobiernos han cambiado y sus criterios también".

Pastor ha lamentado que "el discurso del desarrollismo en una comunidad infrafinanciada cala con mucha facilidad", pero esta actuación "no solucionará los problemas de tráfico y la ampliación desembocará en el semáforo de Europa: hay que plantearse cómo invertir el dinero, el asfalto no es la solución".

Por su parte, Montiel ha criticado que el Gobierno pretenda ejecutar un proyecto de hace diez años que ahora mismo "no tiene ninguna funcionalidad real" y ha sentenciado que el "centralismo ilustrado del Estado está agotado".

Oliver ha lamentado no haberse podido reunir con el Ministerio y ha añadido que dado que quedan 24 horas para que se abran las plicas, insistirán a Fomento para que se paralice la obra y se ejecute la moratoria y el posterior diálogo.

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