Piden informe a CJRM sobre revisión de oficio del Plan Urbano en Algezares

El pleno municipal ha solicitado hoy un informe al Consejo Jurídico de la región sobre la revisión de oficio del denominado "Plan Fuensanta", el último paso necesario para anular ese plan urbanístico que preveía la construcción de 1.300 viviendas en Algezares, a los pies del santuario.

La petición surge después de que el partido Ahora Murcia sacara a la luz a principios de septiembre un informe de la comunidad autónoma en el que instaba al Consistorio a anular definitivamente ese macroproyecto urbanístico debido a las numerosas deficiencias que presentaba.

El informe estaba fechado en 2014, aunque no había trascendido hasta entonces, e indicaba que los datos remitidos por el Ayuntamiento y por el promotor del proyecto en respuesta a otro requerimiento de 2012 "no justifican ni subsanan las deficiencias" detectadas, por lo que solicitaba al Consistorio "que revise de oficio y anule el acuerdo de aprobación definitiva del plan parcial" del sector ZB-Az1-2.

El partido llevó ante el pleno del 28 de septiembre una moción para pedir el cumplimiento de ese requerimiento de la comunidad autónoma que fue aprobado por unanimidad, y el pleno ha acordado hoy, de nuevo por unanimidad y esta vez sin debate de los grupos políticos, adoptar esa propuesta del pleno de septiembre para la revisión de oficio y anulación del plan.

Según ha explicado a EFE la concejala de Ahora Murcia Ángeles Moreno, el paso previo para ello según marca la ley es contar con un informe del Consejo Jurídico de la región, y es precisamente la solicitud de ese informe lo que se ha acordado en el pleno.

Moreno ha confiado en que el informe del Consejo no tarde en llegar, puesto que "ya tienen el trabajo hecho", en el sentido de que todas las deficiencias del plan urbanístico estaban debidamente detalladas en el informe de la comunidad autónoma y en la documentación presentada por su propio partido.

En concreto, el informe de Urbanismo apuntaba que el proyecto contraviene normas como el Reglamento del Planeamiento Urbanístico (Real Decreto 2159/1978), la Ley del Suelo de la Región, la Orden VIV/561 / 2010 sobre accesibilidad, el propio PGOU de Murcia y sus normas urbanísticas, y la legislación de protección de patrimonio cultural.

Además señalaba que los promotores no especifican los propietarios de los terrenos, que no se llevó a cabo un pronunciamiento público sobre la evaluación del impacto ambiental y que no se subsanó el informe de la Confederación Hidrográfica del Segura, que señalaba que no había disponibilidad de agua para esta ampliación urbana.

Una vez que el Consejo Jurídico emita su informe, este asunto volverá al pleno que tendrá que votar para la anulación definitiva del plan.

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