Los propietarios de pisos turísticos tildan de desproporcionada la regulación

Particulares, gestores y propietarios de alquiler vacacional han tildado este miércoles de "desproporcionada" la regulación propuesta por el Ayuntamiento de la capital para limitar los alojamientos turísticos, una normativa que supone, a su juicio, una "prohibición encubierta" de este tipo de arrendamiento.

En un comunicado, la asociación Madrid Aloja critica que el Plan Especial de Hospedaje (PEH) del Gobierno de Manuela Carmena, que limita a 90 días la posibilidad de alquilar una vivienda con fines turísticos sin permiso y que entrará en vigor tras su aprobación en el Pleno municipal de la próxima semana, "dañará la economía de la ciudad y creará inseguridad jurídica".

La asociación calcula que la capital perderá 600 millones de euros de actividad económica en comercios locales, bares y restaurantes, se destruirán más de 3.000 puestos de trabajo y evitará que más de 10.000 familias "se beneficien directamente del turismo".

Este miércoles la comisión de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid ha dictaminado favorablemente el plan de Manuela Carmena para limitar los alojamientos turísticos en la capital, con los votos a favor de Ahora Madrid y el PSOE y el rechazo de PP y Ciudadanos.

Para obtener una licencia de uso terciario, los alojamientos turísticos que compartan edificio con viviendas de uso residencial deberán tener en las zonas más saturadas un "acceso independiente", de forma que vecinos y turistas no compartan entrada, por lo que en la práctica será muy complejo instalar este tipo de usos en el centro.

Desde Madrid Aloja señalan que esta normativa deja "en total indefensión a los madrileños que reformaron y amueblaron su casa" para alquilarla "libremente" a las personas que visitan Madrid.

En esta línea, remarcan que otras ciudades y regiones han tratado de aprobar leyes similares y varias decisiones judiciales "están cuestionando este tipo de regulaciones prohibitivas", como Canarias, Asturias, Baleares, País Vasco y Galicia.

Según la asociación, con la entrada en vigor del nuevo plan, se producirá "un oleada enorme de recursos y litigios", ya que sometería a más de 10.000 alojamientos turísticos registrados que ya cumplen con la normativa autonómica "a una doble regulación" que resulta "contradictoria".

Consideran que el nuevo plan provocará "inseguridad jurídica e indefensión para anfitriones, huéspedes y trabajadores de este sector", perjudicará a la competencia y favorecerá al hotelero tradicional "a través de nuevas barreras de acceso al mercado para los particulares y pequeños profesionales".

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