Las cuotas participativas de la CAM enfrentan a los jueces de la Audiencia Nacional

La antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) se ha convertido en tema de enfrentamiento entre los jueces de la Audiencia Nacional y, en concreto, sus cuotas participativas, un producto de alto riesgo con el que obtuvo 202 millones de euros tras su colocación en el verano de 2008 entre 55.000 pequeños inversores. La Sala de lo Penal ordenó reabrir este caso hace apenas 10 días, enmendando la plana a la última instructora, la juez Carmen Lamela, pero ésta ha vuelto a archivarlo como ya hizo en marzo pasado.

A priori, tenía que haber practicado las diligencias necesarias para verificar el perfil de riesgo real de esos miles de ahorradores, algo que los magistrados estimaban «imprescindible» a la vista de que hablamos de compradores sin experiencia en productos complejos y que «no fueron alertados en momento alguno del riesgo que en verdad implicaban» las cuotas. Pero Lamela no ha realizado ni una nueva prueba y se ha limitado a repasar los elementos ya obrantes en la causa, solo que esta vez ha hecho un relato más concreto y dirigido directamente a responder al órgano superior.

Insiste en varias ocasiones la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 en que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) siguió de cerca todo el proceso de lanzamiento de las polémicas cuotas y, aunque en un primer momento detectó varios "temas delicados" a solventar, una vez subsanados por la CAM terminó dando luz verde a su emisión. Y lo hizo después de que tanto en su folleto informativo como en un tríptico anexo se establecieran "claramente" varias advertencias: que los cuotapartícipes "podrían no recuperar toda la inversión", las referidas cuotas "son valores más complejos que las acciones", su retribución "está condicionada a que existan beneficios y otros factores", su importe "puede ser volátil" y, por último, si los precios del mercado inmobiliario (dada la elevada exposición de la caja al mismo) "cayesen de manera significativa, aumentaría el riesgo de no recuperar toda la deuda".

Aparte de eso, subraya la juez, desde la entidad de ahorros recabaron informes de varias consultoras y auditoras (PwC, KPMG, Lehman Brothers.) para responder a algunos de los requerimientos del supervisor de los mercados. Este último, además, realizó un informe en julio de 2009 -una vez ya lanzada la controvertida emisión- donde destacaba que la evolución de la cotización de las cuotas "resulta extraña, por su altísima estabilidad, justo en un período de enorme volatilidad en los mercados de renta variable". De hecho, apuntaba entonces, "tuvieron un comportamiento mejor que el Ibex-35" y, asimismo, no observaba "indicios de manipulación o sostenimiento de precios", extremo que luego ratificó en otros dos dictámenes en octubre de 2011.

Inversores "informados"

Esa buena evolución, no obstante, cambió de forma drástica en los años posteriores, aunque la instructora lo relaciona también con que las agencias de 'rating' fueran "modificando de forma progresiva, a la baja, su calificación de la CAM". También ha tenido en cuenta que posteriormente se descubrió que las cuentas de la entidad levantina correspondientes a 2009 y 2010 "no reflejaban la imagen fiel de la sociedad", pues "atribuían beneficios a ésta cuando en realidad se habían producido pérdidas".

Sin embargo, Lamela niega que esa misma "falsedad" se pueda predicar respecto a los estados financieros de la caja de ahorros anteriores a diciembre de 2007, que fueron los últimos que se tomaron como base para el lanzamiento de las primeras cuotas participativas al año siguiente. Este hecho, sostiene, fue corroborado por los peritos judiciales, por lo que considera "razonable pensar que los inversores dispusieron de información correcta sobre la situación de la CAM en el momento de tomar la decisión de suscribir las cuotas", en junio de 2008.

Bajo estos argumentos, la juez vuelve a sobreseer esa pieza separada del caso abierto sobre la caja de ahorros, manteniéndose abierta la relativa a sus participaciones preferentes y deuda subordinada. Y respecto a la ausencia de un informe pericial concreto de la CNMV -requerido por la Sala de lo Penal-, que habría de incluir un "muestreo sobre el perfil" de esos inversores, así como sobre su "idoneidad", Lamela responde que se necesitaba una provisión de 10.000 euros pero las acusaciones se negaron a sufragarlos por lo que desestimó finalmente su realización, algo con lo que -recuerda- estuvo de acuerdo el órgano superior.