La volatilidad de precios pone en riesgo seguridad energética, según informe

La volatilidad y las subidas bruscas de precios de los combustibles, en particular el petróleo y el gas, constituyen el mayor riesgo para la seguridad energética en España, según el último informe del Centro de Investigación Economics for Energy, que se ha presentado hoy.

El estudio, presentado por los directores de este centro, Pedro Linares y Xabier Labandeira, distingue entre la garantía de suministro físico de energía, que en España es "muy elevada" gracias a la actual regulación y gestión de los sistemas, y la seguridad energética, entendida como la capacidad de disponer de un suministro ininterrumpido a costes accesibles.

En este sentido señala que, aunque el coste de una falta de suministro eléctrico en España es muy alto por unidad energética, cercano a los 6.000 euros por megavatio hora (MWh), la baja probabilidad de que suceda hace que su relevancia se reduzca, en términos absolutos, a menos de un 1 % del coste de la electricidad en España.

El cálculo de este coste prevé los impactos económicos y sociales de un corte del suministro, la pérdida de producción, los daños en equipos de las empresas, la falta de confort en el hogar y los riesgos para la salud de las personas.

Sin embargo, los factores relacionados con los precios suponen un coste para la economía española de hasta un 1 % del producto interior bruto (PIB), equiparable en ocasiones al 100 % del precio de la propia energía.

Por eso sus autores creen que debe prestarse más atención a la variabilidad de los precios que a la probabilidad de que se produzca una falta de suministro.

En su opinión, las soluciones al problema de la variación de precios pasan no sólo por diversificar las fuentes energéticas, sino por flexibilizar el sistema económico español para que sea capaz de absorber cambios en los precios de la energía.

El informe explica que los costes derivados de las variaciones en los precios de la energía provocan pérdidas de bienestar a los consumidores y de competitividad a la industria, ya que la incertidumbre desincentiva las inversiones.

A juicio de los autores del estudio, España debe progresar en políticas que aumenten la flexibilidad del consumo de energía y de la economía, además de reducir la dependencia de combustibles con precios volátiles.

Además, proponen medidas para reducir el impacto de los vaivenes en los precios, como fomentar el uso de fuentes menos volátiles en precios, estimular el ahorro energético, aumentar las opciones de suministro y flexibilizar la demanda en la medida de lo posible, manteniendo al mismo tiempo el bajo riesgo de falta de suministro que en la actualidad.

La transición de combustibles fósiles a fuentes renovables, un mayor grado de interconexión, la coordinación de políticas de seguridad con países del entorno y una economía menos intensiva en el uso de energía son factores que consideran reducirían los costes de inseguridad energética de la economía española.