La Unión critica la subvención de 700.000 euros para ASAJA y UPA-UCE
La Junta de Extremadura concederá una subvención de 700.000 euros a la coalición ASAJA y a UPA-UCE, un cien por[…]
La Junta de Extremadura concederá una subvención de 700.000 euros a la coalición ASAJA y a UPA-UCE, un cien por cien más que hace dos años, según ha denunciado este viernes La Unión, que ha solicitado que este presupuesto se dedique a garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.
Esta ayuda, que figura en el borrador del decreto publicado en el Portal de Transparencia, supone una subida de un 40 % respecto al año pasado, ha precisado La Unión de Extremadura en un comunicado.
"Mientras los precios de los productos de los agricultores y ganaderos de hunden, mientras no se publican las ayudas para incorporar a jóvenes agricultores, mientras no se conceden ayudas para modernizar los tractores y evitar las muertes por vuelcos, mientras todo esto sucede, la consejera -Begoña García Bernal- les sube de manera desorbitada cada año las ayudas a estas organizaciones", ha denunciado.
A su juicio, los agricultores no entendían por qué se convocó una manifestación en Badajoz, "tan lejos de la Junta de Extremadura, para exigir al presidente -Guillermo Fernández Vara- mejoras para el sector. Ahora se explica todo, cuantas menos manifestaciones y más lejos se produzcan de la Junta de Extremadura, más abultado es el cheque que este les concede", ha asegurado.
La Unión ha aludido así a la manifestaron que convocaron para el pasado 31 de enero UPA-UCE, APAG Extremadura ASAJA y ASAJA Cáceres) y Cooperativas Agro-alimentarias.
"Es una vergüenza que la Administración compre de esta manera a las organizaciones y es una vergüenza que estos que dicen representar al campo se dejen comprara de este modo", ha insistido La Unión, que ha subrayado que ellos se financian exclusivamente de la cuota de sus afiliados.
La Unión ha presentado un escrito de alegaciones a este decreto, en el que solicita que estos 700.000 euros se inviertan en contratar inspectores para que se garantice el cumplimiento de la Ley de la Cadena alimentaria, para conseguir que los precios que los industriales pagan por los productos del campo vayan más en consonancia con lo que cuesta producirlos.
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