La justicia no ve irregularidades en el contrato de Tribugest con Unipost

El juzgado de lo social número 5 de Murcia ha considerado que la concesionaria del ayuntamiento de esa ciudad de recaudación de impuestos locales Tribugest no cometió ninguna irregularidad al subcontratar el servicio de notificaciones con la empresa Unipost.

La única falta podría ser no haber notificado esa circunstancia al ayuntamiento, ha explicado hoy a Efe el concejal de Hacienda, Eduardo Martínez-Oliva, tras la reunión de la Comisión de Vigilancia de la Contratación para analizar el contrato de gestión de Tribugest.

La sentencia es del pasado 3 de noviembre e indica que la subcontratación se hizo de acuerdo con la ley y no se produjo una cesión ilegal de trabajadores, como apuntaban los denunciantes.

En cualquier caso, Tribugest rescindió el contrato con Unipost el pasado septiembre y las notificaciones para el cobro de tributos las realiza actualmente Correos, lo que habían pedido los grupos de la oposición en diversas ocasiones.

Ha recordado que Tribugest no notificó al ayuntamiento la subcontratación, por lo que se abrió un expediente sancionador por el que se multará a la empresa con un máximo de 3.000 euros por una falta leve si así lo deciden los técnicos municipales.

El mismo juzgado ha considerado también procedente el despido de uno de los 4 trabajadores de Unipost que denunciaron sus ceses en la empresa.

Según la sentencia, ha indicado el edil, Unipost lo despidió de manera procedente al detectar que no estaba realizando las notificaciones de manera adecuada.

Por otra parte, la comisión ha decidido crear una mesa de trabajo para investigar la externalización de ese servicio, que data del año 2000 y sobre el que han surgido numerosas dudas a raíz de las investigaciones del caso Pokemon.

Este sumario judicial investiga entre otras muchas presuntas corrupciones si al entonces concejal de Hacienda de Murcia, Joaquín Moya Angeler, del PP, le regaló viajes el grupo Aguas de Barcelona, al que pertenece Tribugest, que pudieron influir en la adjudicación del servicio por parte del ayuntamiento cuando este era presidido por Miguel Ángel Cámara.

Martínez-Oliva ha insistido en que el contrato que investiga la justicia no es el actual, sino el que se prolongó entre 2004 y 2014, pero ha confiado en que la mesa pueda aportar "transparencia" y aclarar todas las dudas al respecto.

Ha avalado el buen trabajo de Tribugest, que este año ha logrado que se incremente del 84 % al 89 % la recaudación voluntaria del impuesto de bienes inmuebles (IBI), por lo que se han ingresado ya 102,9 millones de euros de los 116,1 que el ayuntamiento obtiene al año.

Ha sido gracias a diversas campañas puestas en marcha por la empresa para recordar los periodos de pago a los contribuyentes por mensajes de texto telefónicos y correos electrónicos y para fomentar las domiciliaciones bancarias de los pagos.

Además, se ha registrado un aumento en el pago del IBI por parte de las distintas administraciones, ha indicado.

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