La juez suspende de nuevo el volcado de correos de la Junta sobre Aznalcóllar

La juez que investiga el proceso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) ha suspendido por segunda vez el volcado de los miles de correos electrónicos de tres altos cargos de la Junta de Andalucía y de doce funcionarios recogidos por la Guardia Civil.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la titular del jugado de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, explica que suspende el volcado, previsto para mañana, porque "resulta la decisión más prudente" hasta que se resuelvan los recursos presentados contra esa medida por cuatro de los investigados en la causa.

Los recursos, que deben resolver la sección séptima de la Audiencia de Sevilla, lo han presentado tres funcionarios y la viceconsejera de Empleo y ex directora general de Minas, María José Asensio.

La juez recuerda que la Fiscalía no se opone a la suspensión del volcado de los correos "hasta que adquiera firmeza" la decisión que adoptó para conocer el contenido de los correos corporativos.

Tras recordar que los correos "se encuentran debidamente almacenados en un disco duro precintado y depositado en este juzgado", la juez precisa que suspender su volcado y entrega a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil "sólo" supone una "dilación" y no afecta a la finalidad y desarrollo de la diligencia acordada.

La juez ya suspendió este acceso a los correos el pasado 20 de febrero "por razones de seguridad jurídica" y tras los recursos de reforma presentados por varios de los investigados.

Estos recursos de reforma fueron rechazados por la instructora, que consideró "imprescindible y necesario" conocer los correos corporativos relativos a la mina y después del respaldo que tuvo de la Fiscalía para su acceso.

En su recurso, Asensio subrayó que "no hay elementos que se puedan considerar, ni siquiera como meras sospechas, para poder llevar a la adopción de una decisión judicial que supone una invasión en la esfera más profunda de los derechos fundamentales".

Asensio afirmó que ese acceso supone una "investigación prospectiva" prohibida por ley, y recordó que la juez investiga una posible prevaricación, delito penado con inhabilitación entre 9 y 15 años y para el cual asegura que no está permitida una medida de ese tipo.

La viceconsejera explicó que la recogida de esos correos no está incluida en el mandato dado por la juez a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Ese mandato, indicó la viceconsejera, es solo para "investigar las relaciones entre la entidad Minorbis y Grupo México en relación a la participación de ambas entidades en la mercantil Minera los Frailes, y ello en el marco de la instrucción e investigación judicial de un supuesto delito de prevaricación".

En este caso, la juez investiga la denuncia de Emerita Resources, la empresa perdedora del concurso, que fue resuelto por la Junta en febrero del 2015 a favor de Minorbis.

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