La Federación Cántabra del Taxi se suma a la movilización del 26 de abril

La junta directiva de la Federación Cántabra del Taxi ha decidido secundar las movilizaciones convocadas para el próximo 26 de abril, con una manifestación desde el aeropuerto Seve Ballesteros hasta la Delegación del Gobierno.

Esta movilizaciones fueron acordadas en el Congreso Nacional del Taxi que se celebró este jueves en Madrid, para reclamar que se cumpla la ley en las licencias de vehículos de alquiler con conductor, las llamadas VTC.

Los taxistas que se sumen a la protesta saldrán a las 10.30 horas del aeropuerto para finalizar sobre las 13.00 horas frente a la Delegación del Gobierno, donde se hará entrega de un manifiesto.

Recorrerán la carretera N-636, la autovía S-10 y la calles Marqués de la Hermida y Antonio López, bifurcándose a continuación.

Una parte discurrirá por las calles Atilano Rodríguez, Cádiz, donde pararán para registrar un escrito en la Dirección General de Transportes del Gobierno de Cantabria, y seguirá hasta Isabel II y Calvo Sotelo, mientras que otra parte continuará por el Paseo Marítimo, la glorieta de Puertochico, el Paseo de Pereda y Calvo Sotelo.

La Federación Cántabra del Taxi explica en un comunicado, que ha remitido a los profesionales y a los medios de comunicación, que el objetivo de esta manifestación es reclamar al Gobierno de España un conjunto de peticiones sectoriales que considera "fundamentales para la supervivencia del sector".

Los taxistas piden que la legislación se cumpla para que no se permita "una saturación del mercado de transporte de pasajeros en vehículos de turismos" y se establezcan medidas de control.

Recuerdan que no existe un epígrafe fiscal para los vehículos de arrendamiento con conductor, que están utilizando el fijado para el taxi, cuando creen que se debería establecer un IVA del 21 por ciento "como el artículo de lujo que esta actividad dice ser".

Otras de sus demandas es que desaparezca la "habitualidad" que permite a los vehículos de arrendamiento con conductor realizar hasta el 20 % de los servicios fuera de su comunidad , que todas las autonomías dispongan de una web de control y que la actividad del taxi tenga consideración de servicio público, con especial protección no solo en las ciudades sino en todo el territorio nacional.

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