La Comunidad respalda la venta de 3.000 viviendas públicas a un fondo buitre

La Comunidad de Madrid ha recurrido la sentencia que anula la venta por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) de 2.935 viviendas públicas a un fondo buitre (en concreto a Azora-Goldman Sachs) en 2013, durante el Gobierno del expresidente madrileño Ignacio González.

En el recurso ante el TSJM, que hoy publica eldiario.es, el letrado de la Comunidad argumenta que la enajenación fue consecuencia de la necesidad de adoptar medidas para "una adecuada gestión del patrimonio del IVIMA" y "evitar situaciones que impidiesen la obtención de los ingresos necesarios para alcanzar el objetivo de estabilidad presupuestaria", por lo que se fundamentó en "razones de interés público, sin merma de los derechos de los inquilinos".

El abogado de la Administración regional sostiene que la venta de viviendas públicas "no es un mero capricho, sino que se ampara en argumentos sólidos ligados al ahorro de costes que tanto reclama la ciudadanía a las Administraciones y a la mejor eficacia en la gestión".

La decisión de enajenar las viviendas "no fue ni fruto del azar, ni carente de justificación", sino que fue "el resultado de una legítima decisión política en lo que a la gestión del patrimonio del IVIMA se refiere, siempre respetando y preservando los derechos de los inquilinos", precisa.

Además, señala que la calificación de las viviendas como de protección pública no se ve alterada por la titularidad de las mismas y agrega que "las condiciones de renta así como la opción de compra se mantienen con independencia de quién sea el propietario de las viviendas".

Según el letrado de la Comunidad de Madrid, la enajenación se justificó "debidamente" en memorias e informes, donde se ponderan cuestiones tales como la pertinencia de la medida, su eficacia y su eficiencia.

Ante "la necesidad de obtener la liquidez necesaria para mantener el funcionamiento normal del IVIMA", en una situación de restricción del crédito, "se optó por encontrar el activo que tuviera una mayor rentabilidad y las menores desventajas posibles, en beneficio del interés público", indica.

El abogado apunta que las viviendas del Plan Joven (pisos con protección pública en régimen de arrendamiento con opción de compra para jóvenes) presentaban varias ventajas en relación con la obtención de liquidez para su venta.

Asimismo, subraya que la enajenación afectó a solo un 5,5 por ciento del patrimonio inmobiliario propiedad del IVIMA, lo que no supone "la alteración de todo un programa de actuación".

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