La banca prorroga su estado de incertidumbre

Las acciones de las entidades financieras contuvieron este lunes la respiración en una jornada bursátil durante la cual el Tribunal Supremo no aclaró a quién corresponderá pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la firma de las hipotecas. Los títulos de todos los bancos repuntaron al cierre de la sesión después de casi dos semanas en las que han sufrido los envites de los inversores con una pérdida de 8.000 millones de euros en su capitalización bursátil.

A la espera del alto tribunal, el mercado sigue confiando en que el sector no tenga que abonar dinero del pasado. Y así lo reflejaron las cotizaciones de todas las entidades, excepto el Santander, que perdió un 0,6%. Bankia se apuntó un 1,8%, CaixaBank un 0,8%, BBVA un 0,8%, Sabadell un 0,5% y Bankinter un 0,3%. Los bancos del Ibex-35 impulsaron al selectivo, que ganó un 0,2% hasta situarse en los 9.002 puntos. En el Mercado Continuo, Liberbank se apuntó un 0,3% y Unicaja más de un 1,1%.

Los ejecutivos de los principales bancos españoles cuentan con la posibilidad de que el alto tribunal establezca que el sujeto pasivo del AJD sean las entidades financieras. Pero solo a partir de ahora. Es decir, que la banca asuma el pago de ese tributo. Si la resolución del Supremo se quedara ahí, el sector tendría que asumir un coste aproximado de unos 640 millones de euros al año, la cuantía correspondiente al AJD medio del 1,1% -en algunas comunidades autónomas se paga el 0,75% y en otras hasta el 1,5%-. En este contexto, parte de la banca se ha mostrado dispuesta a reflejar ese incremento del coste en los precios hipotecarios, aunque la mayoría han anticipado que esperarán a ver qué haga la competencia.

El peor escenario al que podría enfrentarse la banca española sería el de la retroactividad, y más aún, si se establecen unos efectos a pasado más allá de cuatro años. Fuentes del sector consideran que este escenario es el menos probable porque las entidades se han «limitado a cumplir la ley» durante los últimos 23 años, el plazo en el que el reglamento del AJD determinaba que era el titular de la hipoteca quien pagaba ese tributo. Además, alegan que ese dinero lo han cobrado las administraciones territoriales, y no está en manos de la banca.

Si el Supremo establece la retroactividad limitada a los cuatro años de prescripción fiscal que tiene España serán las comunidades autónomas las que tendrían que devolver el dinero pagado a los hipotecados desde octubre de 2014. De hecho, a medida que transcurren las jornadas desconociendo el criterio final, unos 900 hipotecados están perdiendo cada día el derecho a reclamar esas cantidades si finalmente se estableciera esa posibilidad durante los cuatro últimos años. A partir de ahí, la Administración sería la que podría reclamar ese dinero al banco, aunque éste es un aspecto que no está claro, a la espera del Supremo. Si así ocurriera, el impacto alcanzaría los 2.300 millones. Pero si se estableciera una retroactividad total en el AJD en los más de seis millones de hipotecas en vigor, el coste para el sector podría superar los 16.000 millones de euros, según las previsiones de la agencia de calificación crediticia Moody´s.