La Audiencia avala el despido colectivo de RTVV, que CGT recurrirá al Supremo

La Audiencia Nacional ha avalado hoy, treinta y ocho meses después del apagón de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), el despido colectivo de sus 1.630 trabajadores, una sentencia a la que ya ha anunciado recurso de casación ante el Supremo el sindicato impulsor de la demanda colectiva, CGT.

La sentencia, hecha pública quince días después del juicio celebrado en la Audiencia, descarta la inconstitucionalidad de la ley 4/2013 que suprimió el servicio público, sobre la que afirma que concurrían las razones "idóneas, razonables y proporcionadas" al haberse acreditado la "inviabilidad" económica de la cadena.

Para la Audiencia, la supresión de RTVV no se originó por la declaración de nulidad del despido colectivo inicial, sino por el "fracaso generalizado" de un proyecto con "pérdidas millonarias" y una plantilla "desproporcionada", cuando había otros servicios públicos "necesitados también de los medios necesarios".

La Audiencia rechaza todas las causas de nulidad planteadas y descarta que la ley que suprimió el servicio de RTVV fuera "una ley reactiva" contra la nulidad del despido inicial, sino una "opción legítima del legislador, una vez fracasados sus intentos de mantener" un servicio que había supuesto "pérdidas milmillonarias".

No obstante, considera que la supresión del servicio público por parte del legislador supuso una "enmienda a la totalidad" a la gestión previa de sus responsables, y un reconocimiento de que no se supo gestionar debidamente.

Los sindicatos habían ampliado su demanda contra la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), la encargada de prestar de nuevo el servicio audiovisual en la Comunitat Valenciana según la ley autonómica aprobada el pasado julio, al considerar que había una sucesión de empresas, extremo que la Audiencia ha rechazado.

Los extrabajadores han calificado de "mazazo" la sentencia, que allana el camino para el desarrollo de los trabajos de la conocida coloquialmente como la nueva RTVV, la CVMC, que desde su puesta en marcha el pasado octubre ha iniciado las primeras contrataciones y ha puesto en marcha el concurso público para elegir director general.

El sindicato impulsor de la demanda, CGT, a la que posteriormente se sumaron los otros cinco sindicatos del comité de empresa, ya ha anunciado recurso, donde insistirán en la inconstitucionalidad de la ley que suprimió el servicio y en que RTVV SAU estaba saneada, porque la deuda del ente anterior la había asumido la Generalitat.

El presidente del comité de empresa de RTVV, Albert Vicent, ha considerado que la sentencia "permite cerrar cualquier empresa pública aplicando una ley" y ha pedido que se comience a contratar a extrabajadores para poner en marcha el servicio de la CVMC.

En el ámbito político, el expresident de la Generalitat Alberto Fabra (PP), cuyo Ejecutivo dictó el cierre de RTVV, ha afirmado que la sentencia "avala" que las decisiones que adoptó su gobierno estaban "justificadas en el tiempo y en la forma", y que el cierre "era necesario en un momento complicado para la situación económica".

El actual president de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV), ha asegurado que se entra ahora "en un espacio de mayor seguridad jurídica", y ha expresado su deseo de seguir dialogando con los extrabajadores, a quienes considera las "primeras víctimas".

El portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, ha destacado que la sentencia es "una enmienda a la totalidad de la gestión del PP" en RTVV.

Para la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, si la oposición y los sindicatos "no hubiesen hecho demagogia" ahora habría "una televisión abierta, pública y de calidad", y ha considerado que la sentencia muestra que no lo hicieron "todo mal", mientras que Ciudadanos ha pedido que la CVMCV aprenda de los "errores" del pasado.

El portavoz de Podemos en Les Corts, Antonio Montiel, ha ironizado sobre si lo que hizo bien el PP fueron "los 1.200 millones de euros de deuda" o el aumento de la plantilla "hasta límites insospechados".

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