Junta rechaza cualquier intento de presión en el cumplimiento del Plan Fresa

La Junta de Andalucía ha rechazado hoy cualquier intento de presión en el cumplimiento del actual marco legal en el entorno de Doñana a través del Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte Forestal, conocido como Plan de la Fresa.

Así ha respondido la administración autonómica, a través de un comunicado, a los agricultores que, desde primeras horas de esta mañana, se mantienen encadenados y acampados a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva para protestar por la ejecución de dicho plan, al entender que deja fuera terrenos históricamente agrícolas.

La Junta ha señalado que sigue avanzando en la ordenación de los regadíos del Condado onubense con el compromiso de "hacer compatible el desarrollo agrícola en esa comarca con el respeto al medio ambiente en una zona tan sensible como Doñana".

Ha recordado que dicho Plan fue aprobado con el consenso de todas las partes en diciembre de 2014 y cuenta con el respaldo del Consejo de Participación de Doñana, órgano en el que están representados administraciones, asociaciones agrícolas y ganaderas, sindicatos y ecologistas entre otros colectivos.

La aplicación del plan, asegura la administración, "se hace con el máximo respeto a la ley y es toda una garantía para la agricultura del entorno del Espacio Natural Doñana" y dentro de esa aplicación se están ultimando los detalles de análisis cartográfico y evaluación de usos de suelo.

La Junta ha destacado el diálogo y la colaboración constante y fluido que se ha mantenido para la aprobación y aplicación del plan con todos los actores implicados y ha incidido en rechazar "cualquier intento de presión" que conlleve no llevar a cabo su debido cumplimiento.

La protesta, que los agricultores mantienen con carácter indefinido, está protagonizada por aquellos que han visto como, pese a tener sus fincas incluidas inicialmente en el plan como susceptible de ordenación, finalmente se quedan fuera en aplicación de la Ley Forestal de 1992, que considera sus terrenos forestales y no agrícolas.

Defienden que se trata de parcelas agrícolas históricas, muchas de ellas cultivadas desde hace más de medio siglo y por las que han pagado el canon agrícola a los respectivos ayuntamientos y solicitan a la Junta una solución para poder seguir manteniéndolas en cultivo.

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