Investigados el alcalde y 6 concejales más de Hoyo por presunta prevaricación

El juzgado número 1 de Colmenar Viejo va a citar como investigados al alcalde de Hoyo de Manzanares, José Ramón Regueiras García, los otros cinco concejales del PP en el Gobierno y la edil de Ciudadanos tras admitir a trámite una denuncia de la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación urbanística.

En total, serán investigadas 13 personas, ya que a los mencionados hay que sumar los exconcejales del PP Daniel Morera y Susana Segovia, dos técnicos municipales y dos arquitectos.

Además del alcalde de Hoyo, entre los investigados está el primer teniente de alcalde, Juan Ramón de Lózar.

También las concejales de Urbanismo y Accesibilidad, María Belén Gómez; de Cultura y Transparencia, Victoria Barderas García; de Desarrollo Sostenible y Empleo, Obras y Mantenimiento, Mónica Díaz Jiménez; y la de Bienestar Social, Familia e Igualdad, Educación y Sanidad, Ana María Lorenzo de Jesús.

Asimismo, será investigada el único representante de Ciudadanos en Hoyo de Manzanares, la concejal Elena Talavera.

La Fiscalía mandó la denuncia a Decanato para su reparto, recayendo finalmente en el juzgado de Colmenar, que ha incoado diligencias previas y ha llamado a declarar como investigados a los denunciados, según han explicado a Efe fuentes judiciales.

Sin embargo, en este auto no se fija la fecha para las declaraciones de los investigados, porque es un número muy elevado de personas y se tiene que analizar previamente la agenda del juzgado, tras lo que se les empezará a llamar a declarar, según las mismas fuentes.

Desde el partido Unidos Por Hoyo, que también había denunciado a los investigados, han explicado en un comunicado que el conflicto comenzó cuando la Junta de Gobierno y el Pleno aprobó con los votos de PP y C's la segregación del campus de la Universidad Antonio de Nebrija, ubicado en la localidad, para construir 118 viviendas.

Los concejales de Unidos Por Hoyo han señalado que "desde el primer momento" advirtieron de que esa actuación "era ilegal" y constituía una operación "fraudulenta", porque "ni siquiera se había cedido el suelo al Ayuntamiento para que el terreno fuese inscrito en el registro de la propiedad".

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