Incertidumbre en el Caribe colombiano tras la liquidación de Electricaribe

La decisión del Gobierno colombiano de liquidar Electricaribe, filial de la española Gas Natural Fenosa, genera incertidumbre sobre el futuro del servicio de energía en la zona del Caribe, tras el alivio que esa medida causó el pasado martes en los siete departamentos de la costa atlántica.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó liquidar Electricaribe, "debido a que la compañía no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad que se requieren", informó el titular de esa entidad, José Miguel Mendoza.

En Barranquilla, ciudad del norte de Colombia donde Electricaribe tiene su sede principal, autoridades locales, el sector productivo, trabajadores de la empresa y ciudadanía en general han expresado sus dudas sobre lo que viene de ahora en adelante para la empresa.

"No queremos que se cometan los mismos errores, necesitamos un operador con experiencia y que esté dispuesto a realizar la inversión de 1,5 billones de pesos (unos 515 millones de dólares) en el mantenimiento de redes y la expansión del Sistema de Transmisión Regional (STR), eso es algo innegociable", dijo el gobernador del Atlántico Eduardo Verano De la Rosa.

Para el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, la liquidación de Electricaribe y la búsqueda del nuevo operador deben hacerse "de la manera más pronta posible porque no queremos intervenciones ni liquidaciones interminables. Me hablan de cinco meses y que en menos de un año ya debe estar el nuevo operador".

En los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, donde Electricaribe tiene 2,5 millones de usuarios, 360.000 familias viven en sectores especiales donde, según la empresa, hay una cartera de difícil recaudación porque existe la "cultura del no pago".

A esto hay que sumar la deuda de 211.000 millones de pesos (unos 72,5 millones de dólares) que a 31 de enero tienen entidades oficiales como alcaldías, gobernaciones, acueductos, hospitales y colegios.

A estos últimos, por ser usuarios especiales protegidos por la ley, no se les puede suspender el servicio.

El empresario y experto en temas eléctricos César Lorduy declaró a Efe que hay que recordar que Electricaribe hoy es el producto de la liquidación de una serie de compañías que había en la costa atlántica que fueron vendidas.

"Estamos repitiendo una historia que ojalá sea la última vez que se repita como tragedia porque, a pesar de que el Gobierno era dueño de esas empresas y las vendió para mejorar el servicio, el nuevo dueño no logró su cometido y por eso estamos como estamos", agregó.

En un comunicado, el Comité Intergremial del Atlántico, que agrupa a entidades comerciales e industriales, indicó que "el proceso de liquidación de Electricaribe debe acompañarse de la prestación de un buen servicio de energía eléctrica, aun en las difíciles condiciones de operación que tiene la empresa".

"Es fundamental que gobernadores, alcaldes y administradores de las entidades oficiales y los usuarios cumplan con el pago de los servicios prestados por la empresa, de manera que pueda solventar sus necesidades de flujo de caja para mantener la operación en las condiciones requeridas por la comunidad", añaden los empresarios.

Para los trabajadores, preocupados por su futuro, las decisiones que se tomen con la liquidación y la llegada de un nuevo operador tienen que contemplar la sustitución patronal de los 1.495 empleados directos que tiene la empresa.

"Estamos proponiendo soluciones en lo técnico, lo laboral y lo social porque los trabajadores no nos podemos quedar en la calle", afirmó a Efe Hamilton Barreto, directivo del sindicato del sector energético Sintraelecol.

"Los trabajadores no tenemos responsabilidad en la liquidación de la empresa porque no somos una gran carga laboral. Electricaribe tiene más de 7.000 trabajadores tercerizados que son más costosos que si estuvieran directamente con la empresa", agregó.

Norman Alarcón, líder del movimiento "Indignados con Electricaribe", organización que desde hace años ha cuestionado a la empresa, manifestó a Efe que, "ante la dificultad de que aparezca un inversor dispuesto a asumir la pésima infraestructura de redes que dejó Gas Natural Fenosa, el Estado colombiano debe asumir el manejo de Electricaribe".

"Durante dieciséis años nunca invirtieron en el mejoramiento y lo que hicieron fue desmantelar kilómetros de redes de cobre, las vendió en Europa y nos tendió redes de aluminio de mala calidad", denunció.

La multinacional energética española prevé presentar a principios de semana una demanda contra Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial (BM).

No obstante, fuentes de Gas Natural consultadas por Efe en Barcelona dijeron que la vía del arbitraje internacional no impide que se pueda llegar a un acuerdo con Colombia al margen de ese proceso.

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