Grecia legaliza el sector audiovisual pero con riesgos para el empleo

Grecia puso hoy fin al funcionamiento irregular de las cadenas de televisión privadas, al subastar por primera vez licencias de transmisión, después de tres décadas en el limbo legal, un proceso de reorganización que sin embargo pone en peligro numerosos puestos de trabajo.

En una subasta que recordó, por hermetismo y duración, a los cónclaves del Vaticano, se adjudicaron cuatro licencias de transmisión por un total de 246 millones de euros, un monto que supera con creces los 50 millones calculados inicialmente por el Gobierno y que agradecerán las maltrechas arcas del Estado.

Tres días encerrados en la Secretaría General de Medios y Comunicación sin poder comunicarse entre sí ni con el exterior; el modelo elegido por el Gobierno para evitar trapicheos dejó exhaustos a los directores de las ocho empresas pujantes y mas de uno llegó a compararlo con una reclusión en la cárcel.

Desde la mañana del martes hasta las tres de la madrugada pasada, lo único que los medios de comunicación alcanzaron a ver fue el entrar y salir de los servicios de catering y los relevos del más de millar de policías que custodiaron el proceso.

Finalmente, pasadas las tres de la mañana, los participantes pudieron abandonar el edificio y el secretario general de medios, Lefteris Kretsos, comunicó el nombre de las empresas adjudicatarias.

Se trata de las cadenas tradicionales Skai, que abonará un total de 43,6 millones de euros, y de ANT1, que pagará 75,9 millones de euros.

A ellas se suma la nueva empresa Alter Ego, propiedad del armador y presidente del club de fútbol Olympiakós, Vanguelis Marinakis, que desembolsará un total de 73,9 millones, y el canal que abrirá el magnate de la construcción Jrístos Kalogritas, quien abonará 52,6 millones de euros.

Atrás quedaron las cadenas Star y Alpha, así como otros dos empresarios que habían reunido las condiciones para participar en la subasta.

Fuera de concurso había quedado de antemano la cadena privada mas antigua de Grecia, Mega, por problemas financieros, así como el canal del político derechista griego Yorgos Karatzaferis, por no haber pagado la tasa obligatoria de 30.000 euros.

Entre los requisitos fijados por el Gobierno figuraba la obligación de disponer de un capital propio de 8 millones de euros, no tener deudas con Hacienda y la Seguridad Social, disponer de instalaciones adecuadas, asegurar un número mínimo de puestos de trabajo y respetar la legislación laboral.

"La finalización de la subasta de licencias de radiodifusión pone fin a 27 años de anarquía y Grecia ya no goza del penoso 'privilegio' de ser el único país que nunca ha llevado a cabo una licitación para conceder licencias a los canales privados", señaló el ministro de Estado, Nikos Pappás, al concluir la puja.