Gobierno quiere impedir que usuario llame a un número 118 sin haberlo marcado

La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital (SESIAD) quiere impedir que un usuario llame de forma involuntaria a un número de información 118, cuyo importe es muy superior al de una llamada local, y sólo pueda hacerlo si lo marca expresamente en su teclado.

La prohibición de los sistemas de marcación automática -a través de un programa informático, virus o aplicación- es uno de los cambios sobre las condiciones de prestación del servicio de consulta telefónica a los que se llama para saber el número de un abonado que propone la SESIAD en un borrador de proyecto de orden ministerial.

En la actualidad, los operadores de este tipo de números pueden captar llamadas a través de SMS, anuncios en webs o aplicaciones, por lo que los usuarios acaban llamando a un número 118 (cuyo precio no está regulado y varia según el operador) sin haberlo marcado.

La SESIAD, que ha tenido en cuenta el informe de supervisión del mercado 118 llevado a cabo por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), también propone que sólo se facture como máximo 10 minutos por llamada.

Los números 118, herederos del antiguo 1003, son los que utilizan los consumidores para conocer, por ejemplo, el número de teléfono de otro abonado, el de un restaurante o de una tienda y, además, este tipo de servicios también pueden ofrecer al cliente la posibilidad de conectar con el número de abonado solicitado.

Según el informe de supervisión del mercado 118 de la CNMC, las diferencias entre los precios medios efectivos son muy considerables: una llamada con un tiempo medio efectivo de un minuto tiene un precio final medio de 5,56 euros, con un mínimo de 1,88 y un máximo de 11,92, aunque el precio medio de los tres números con mayor volumen es de 2,36 euros.

En los últimos años, la CNMC ha resuelto numerosos expedientes sancionadores contra operadores de números 118 por un mal uso de la numeración.

Entre otras prácticas, la CNMC ha demostrado que en algunos casos los operadores ofrecían servicios de tarot directamente a través de esta numeración, desviaban las llamadas de los usuarios sin su consentimiento (a servicios de adivinación y para adultos), prolongaban su duración o desviaban el tráfico telefónico a empresas gestionadas por ellos mismos o captaban llamadas de forma engañosa.

La SESIAD tiene las competencias normativas en materia de condiciones del servicio de consulta telefónica 118, pero ante cualquier modificación tiene que solicitar su opinión a la CNMC, cuya Sala de Supervisión Regulatoria aprobó el pasado 3 de octubre su informe sobre el borrador.

Otros cambios que propone la SESIAD son eliminar el importe correspondiente al establecimiento de la llamada a un 118 y establecer un sistema por el cual cuando el importe de una llamada supere los 2,5 euros, el abonado tenga que solicitar expresamente a su operador de acceso (Movistar, Vodafone u Orange) la posibilidad de llamar a esos números más caros.

Asimismo, se plantea exigir una mayor claridad a la locución informativa (que es la que informa al usuario de las condiciones del servicio antes de ofrecerlo) y que se proporcione información sobre el precio por minuto de llamada y no por segundos, aunque se facturará por segundos realmente consumidos.

En su informe, la CNMC introduce algunas mejoras como incluir una previsión para que si el abonado no ha marcado el número directamente (porque lo ha hecho una app o un software por él) no se le pueda exigir que pague.

Asimismo, propone que el precio de la locución informativa no sea superior al de una llamada ordinaria desde un teléfono fijo o móvil, según corresponda, para evitar abusos.

De los 74 números 118 asignados en 2010 se ha pasado a un total de 53 a finales de 2016 (un 27 % menos).

En cuanto al tráfico, en los últimos diez años ha caído de forma muy acusada: 137 millones de minutos en 2007, frente a los 12,09 millones de minutos en 2016, 11 veces menos.

Los ingresos por este tipo de servicios también han caído: 117 millones de euros en 2007 frente a 18,84 millones de euros en 2016.