Fuengirola niega que no atienda servicios funerarios de fuera tras incoación

El Ayuntamiento de Fuengirola ha remitido hoy un escrito en el que manifiesta que "es absolutamente incierto" que sus instalaciones funerarias "estén cerradas a empresas de fuera o que se esté discriminando", tras la incoación de expediente sancionador por la Agencia de Defensa de la Competencia (ADCA).

Este organismo, adscrito a la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta, consideró que existían "indicios racionales" de conductas, al haber presuntamente rechazado Fuengirola y la empresa que gestiona el cementerio peticiones de funerarias ubicadas fuera de la localidad sin una causa fundada.

Los indicios podrían vulnerar dos leyes -por una parte, la Ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe la "explotación abusiva de posición de dominio", en particular la "negativa injustificada a satisfacer las demandas de prestación de servicios", y por otra la de garantía de la unidad de mercado-, según la ADCA.

La ADCA abrió un periodo máximo de 18 meses para instruir y resolver el expediente, si bien recordó que la incoación del mismo no prejuzga el resultado final de la investigación.

Fuengirola ha señalado que cuenta con una Ordenanza Reguladora de las Actividades Funerarias u otros Servicios Mortuorios en la que "se detallan los requisitos objetivos con los que debe cumplir cualquier empresa que solicite autorización para el desempeño de su actividad en el término municipal" y que es "muy similar" a las de Marbella, Málaga o Granada.

"En la ordenanza se determina que para prestar el servicio de inhumación (enterramiento) se debe estar inscrito en el Registro Municipal de Empresas de Servicios Funerarios y Mortuorios, y para adherirse al mismo es necesario contar con una sede en Fuengirola".

Por ello, el Ayuntamiento ha querido incidir en que les "llama poderosamente la atención que la Junta de Andalucía se haya centrado en Fuengirola, sobre todo cuando la ordenanza reguladora es muy parecida la de otros municipios andaluces".

El municipio se va a dirigir, según ha anunciado, a la ADCA para que "tome medidas con todos los municipios que tienen este tipo de ordenanzas para que realice las oportunas averiguaciones" y exigirán "el mismo trato para todos"; así como la remisión de "todas las incoaciones de expedientes realizadas por la Agencia en los últimos cinco años".

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