Fiscal Santos Urbaneja asume investigación sobre la severa subida de la luz

El fiscal delegado de lo Civil en Andalucía, Fernando Santos Urbaneja, ha asumido la práctica de una serie de diligencias iniciales para investigar las razones que motivaron el pasado enero una severa subida de la luz en un periodo de altísima demanda.

Según ha informado hoy el Ministerio Público en un comunicado, esta actuación se produce después de que el pasado 20 de enero el fiscal de Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, a instancia del Fiscal General del Estado, abriera de oficio diligencias preprocesales.

El fiscal de Sala delegó a su vez su tramitación en el fiscal delegado de lo Civil tras su remisión por parte del fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón.

Santos Urbaneja, que ha recordado que el inicio de la investigación de oficio coincidió además con un escrito presentado por IU, ha aclarado que las diligencias tienen carácter civil, no penal, y que tratan de establecer si hay motivo para ejercitar acciones civiles contra las compañías eléctricas.

La Fiscalía he acordado concretamente conocer el funcionamiento del sistema de fijación del precio de la luz y las razones que han motivado la severa subida de la luz en reciente periodo de altísima demanda.

Pretende determinar si, entre ellas, se encuentra alguna conducta que pudiera ser contraria a la normativa protectora de los derechos e intereses de los consumidores y susceptible de ser calificada de "abusiva", y en su caso si la normativa aplicada es contraria a la legislación, principios y directrices de la Unión Europea en materia de protección de consumidores.

El fiscal ha acordado solicitar a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y de la Secretaría de Estado de Energía que informe sobre el sistema de fijación del precio de la luz (parte regulada-parte liberalizada) e identifique las compañías que intervienen en el proceso.

También de los factores que intervienen en el proceso y su influencia en la fijación del precio de la luz, la normativa aplicada y posibles sistemas alternativos o modificaciones tendentes a salvaguardar los intereses de los consumidores, especialmente de los más vulnerables por razón de edad y recursos económicos.

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