Fernández y Feijóo pedirán al Gobierno que actúe ante la decisión de Alcoa

El presidente de Asturias, Javier Fernández, ha solicitado una reunión con las ministras de Transición Ecológica y de Industria, Teresa Ribera y Reyes Maroto, junto con su homólogo de la Xunta, Alberto Núñez Feijóoo, para pedir al Gobierno que "actúe" ante la decisión de Alcoa de cerrar su plantas de Avilés y A Coruña.

Fernández ha hecho este anuncio en declaraciones a los periodistas tras asistir al pleno de la Junta General del Principado, en el que se ha aprobado por unanimidad una declaración institucional contra la decisión de la multinacional del aluminio.

"No estamos de acuerdo ni con el fondo ni con las formas de la compañía", ha señalado Fernández, que ayer trasladó su postura tanto a la dirección de la multinacional como a las responsables del Gobierno central en materia energética, y mantuvo un contacto con Núñez Feijóo, con el que se reunirá mañana en Oviedo.

Según Fernández, las administraciones deben promover acciones para reconducir una situación que, de confirmarse, resultaría "letal" tanto para Avilés como para A Coruña, donde se perderían casi 700 empleados directos.

Además, el presidente asturiano ha subrayado que hasta ahora la empresa no había manifestado que resultara "insuficiente" el sistema de bonificación del que se venía beneficiando para abaratar los costes de la energía a través de las subastas de interrumpibilidad.

Dichas subastas, con las que se otorgan ayudas a industrias electrointensivas a cambio de desconectarse de la red en caso de necesidad, siguen vigentes después de la última celebrada en junio y de programarse otra para diciembre.

Fernández ha pedido "no elucubrar" sobre la posibilidad de que los criterios anunciados por el Gobierno para acelerar el proceso de transición energética y la descarbonización de la economía haya influido en la deslocalización anunciada por Alcoa.

Así, ha recordado que ese régimen de ayudas estaba vigente con el gobierno anterior y se mantiene con el actual, y que los últimos presupuestos del PP incluían una partida de 150 millones de euros "que debe movilizarse" para compensar los costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad.

"A mí lo que me preocupa y en lo que debo centrarme no es en si determinadas declaraciones pueden haber desincentivado a una empresa para continuar o no", ha subrayado pese a reiterar la necesidad de que en España se diseñe una fórmula estable que garantice la competitividad de las industrias electrointensivas como Alcoa.

Hasta ahora, ha lamentado, España no ha sido capaz de encontrar desde que se suprimió la denominada tarifa G-4, que podía ser considerada ayuda de Estado y cuestionada por la UE, la fórmula para que esas empresas cuenten con energía "a precios asequibles" y con la garantía de que no se van a modificar cada año.