Facua reclama a Junta inste a Endesa a devolver lo cobrado a los usuarios

Facua reclama a la Junta que inste a Endesa a devolver a los usuarios lo cobrado de más con el[…]

Facua reclama a la Junta que inste a Endesa a devolver a los usuarios lo cobrado de más con el fraude de los contadores durante seis años mediante el cobro de tarifas ilegales por el alquiler de contadores digitales no integrados en el sistema de telegestión.

Las eléctricas comenzaron a instalar sus nuevos contadores en 2011, por lo que la cantidad defraudada por Endesa "multiplica varias veces el importe de la reducida multa impuesta por la Junta de Andalucía", ha informado Facua en un comunicado.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer imponer a Endesa una multa de 400.000 euros y el comiso de 1,39 millones de beneficio ilícito obtenido en 2014 por introducir cláusulas abusivas en sus contratos de contadores con posibilidad de telegestión y cobrar precio de alquiler por servicios no prestados.

Tras recordar que esta sanción se deriva de una denuncia interpuesta por esta organización, ha considerado "inaceptable" que "sólo plantee el comiso de 1,39 millones cobrados ilegalmente en 2014, ya que el fraude viene produciéndose desde 2011".

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Los más de 350.000 usuarios que, según la Junta, han sufrido estas prácticas -datos relativos a 2014- han pagado 3,92 euros de más cada año.

Por tanto, la cantidad que debería devolverse varía en cada usuario, ya que depende de la fecha en que le instalaron el contador y los meses que hayan transcurrido hasta su integración en la telegestión, momento en el que la tarifa facturada dejaría de ser ilegal, ha informado Facua.

La federación recuerda que la Junta cuenta con estos datos, ya que Endesa está obligada legalmente a facilitar a la Dirección General de Industria información sobre el plan de instalación de contadores y su integración en el sistema de telegestión

Además, Facua se queja de que, pese a ser la denunciante ante la Junta, lleva un año sin recibir información sobre el expediente por parte de la autoridad de protección a los consumidores y desconoce el contenido de la resolución sancionadora.

Esta organización presentó la denuncia en noviembre de 2014 y derivada al Servicio de Consumo de Jaén, que procedió a archivarla, y posteriormente, en julio de 2015, presentó un recurso y tres meses después la Junta le notificó que abría expediente sancionador recuerda en el comunicado.

Advierte de que "la falta de transparencia de la autoridad de consumo andaluza ha impedido que la federación pudiese presentar alegaciones ante las decisiones adoptadas durante la instrucción del expediente, algo que sólo ha permitido hacer a Endesa".

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