Facua: la regulación de VTC en València crea confusión y desprotección

Facua Comunidad Valenciana ha afirmado que el acuerdo de regulación para los VTC alcanzado en la ciudad de València por[…]

Facua Comunidad Valenciana ha afirmado que el acuerdo de regulación para los VTC alcanzado en la ciudad de València por el sector del taxi y el Ayuntamiento que establece una hora como el mínimo de precontratación del servicio de VTC crea "confusión y desprotección" al usuario.

Considera que, si se aprueba ese tiempo de precontratación, se estará "restringiendo" a los consumidores "de forma injustificada" el acceso a servicios de transporte con licencias VTC, según indica en un comunicado.

Para Facua, es "obvio" que solo un reducido porcentaje de pasajeros conoce "con exactitud con tanta antelación" en qué momento necesitará un servicio de estas características.

Además, también critica que la Generalitat deje en manos de los ayuntamientos la fijación del tiempo mínimo de contratación de VTC, "provocando que los usuarios valencianos tengan que acogerse a un plazo u otro dependiendo de la ciudad donde se encuentren".

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La asociación ha advertido de que los usuarios "no merecen ser tratados ni como rehenes ni como espectadores" en la búsqueda de soluciones al conflicto entre taxis y VTC.

Facua ha expresado su solidaridad con los taxistas ante "la feroz competencia" que ha llegado a España y comparte la necesidad de regular para garantizar la protección de la parte más débil del mercado frente a grandes multinacionales, pero ha insistido en reclamar a las administraciones que piensen en los intereses de los usuarios en la búsqueda de soluciones.

La asociación señala que tanto la regulación del taxi como la de los vehículos con licencias VTC y la de las respectivas plataformas que actúan de intermediarias debe garantizar un marco de derechos de los pasajeros que en la actualidad resulta "claramente insuficiente".

Por ello, insta al Gobierno de España, comunidades autónomas y ayuntamientos a que asuman la necesidad de tener en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil que defienden los intereses de los consumidores en el diálogo abierto sobre el marco regulatorio de las VTC y en la necesaria actualización de las normas autonómicas y locales relativas al sector del taxi.

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