F. Alternativas dice que cambio modelo energético pasa por cerrar el carbón

La Fundación Alternativas asegura en un informe que "el cambio hacia un modelo energético bajo en emisiones pasa necesariamente por el cierre de las instalaciones más contaminantes de carbón" y plantea subastas de renovables con prioridad para proyectos en las comarcas afectadas.

El "Informe sobre sostenibilidad en España 2018. Cómo anticiparse a la crisis del cambio climático", elaborado por la Fundación Alternativas y que se presenta hoy, indica que es de "máxima importancia" contar con estrategias de reconversión de empleo y mecanismos de protección social para las zonas y sectores más afectados por la transición energética.

En este sentido, recomienda realizar lo que denomina "planes de transición justa" para cada una de las comarcas afectadas y que la planificación energética estatal contribuya a "transiciones regionales y comarcales justas".

También propone elaborar un mapa de sectores industriales y de servicios en situación de vulnerabilidad y de zonas prioritarias donde la concentración de empleo en los sectores afectados por la transición energética puede generar consecuencias sociales y económicas más negativas.

Otra propuesta es la puesta en marcha de comisiones de transición justa en las regiones afectadas y desarrollar políticas activas de empleo específicas para esas zonas, con servicios de empleo especializados para la transición.

También considera necesario un nuevo "plan de fomento de las energías renovables" para cumplir con los objetivos nacionales a 2020 y 2030, y en línea con los compromisos de la hoja de ruta europea a 2050 que maximice el empleo en el sector.

Defiende una reducción de los trámites administrativos para las renovables y "marcos normativos claros y a largo plazo" que favorezcan su expansión y la inversión en estas tecnologías.

Otra de sus recomendaciones es reformar la factura eléctrica para simplificarla y para garantizar un "servicio eléctrico de calidad y no contaminante", y crear una comisión para estudiar una mayor participación de los ciudadanos en el sistema eléctrico.

También defiende una distribución coherente de los costes de la transición energética y evitar que recaigan sobre la población más desfavorecida, al tiempo que propone un paquete de medidas contra la pobreza energética que implique a administraciones, empresas energéticas y consumidores.

El informe también considera que hay que hacer un plan de fomento de la electrificación del transporte, especialmente en entornos urbanos y favoreciendo el uso de vehículos eléctricos, y para que se use más el ferrocarril en el transporte de mercancías; así como una nueva ley de movilidad sostenible para el transporte urbano y metropolitano.

Otra recomendación es hacer un plan de rehabilitación energética de edificios, de unas 250.000 viviendas por año y con una media de 15.000 euros por intervención.