Expertos destacan en Eurocámara los claroscuros de DDHH en Bolivia

Un grupo de expertos de instituciones internacionales, ONG's y académicos coincidieron hoy en destacar durante una audiencia en el Parlamento Europeo los claroscuros de la situación en Bolivia y mostraron preocupación especialmente por la violencia a las mujeres y el trabajo infantil.

"Extraemos una radiografía con claroscuros. Por un lado hay muchas cosas positivas, como un avance de los derechos económicos sociales y cierta mejora de las condiciones de vida", señaló Jean Pierre Bou, del Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea (SEAE).

"Pero al mismo tiempo estamos preocupados por la violencia contra las mujeres, los derechos de los indígenas, así como la situación laboral, en particular el trabajo infantil", añadió Bou.

El representante del servicio de la diplomacia europea señaló como parte del problema la falta de recursos financieros para implementar políticas, un asunto que trataron en la última reunión con representantes del país el pasado febrero, en Bruselas.

Al mismo tiempo recordó que Bolivia es el principal beneficiario de ayuda de cooperación de la UE en Latinoamérica, con 281 millones de euros.

Varios expertos, incluido José Ramírez, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mostraron su preocupación por una reciente ley boliviana que permite el trabajo a partir de los 10 años.

Ramírez apuntó que infringe "totalmente la legalidad internacional y los convenios de la OIT" además de no tener en cuenta que la formación debe ser obligatoria hasta los 16 años.

Sobre la situación de violencia contra las mujeres, Nathalie Alonso, de Oxfam, apuntó que aunque la administración ha desarrollado varios instrumentos legislativos, su implementación adecuada es un asunto pendiente.

Por ello, reclamó un mecanismo de alerta temprana para mujeres y niñas que sufren violencia y destacó que en el caso de las indígenas la mayoría de casos ni siquiera se conocen ni denuncian.

Una delegación de la Eurocámara viajará a Bolivia para reunirse con miembros de la administración, del Defensor del Pueblo y representantes de la sociedad civil previsiblemente del 17 al 21 de abril, y tiene previsto visitar un centro penitenciario y un refugio de mujeres víctimas de la violencia, explicaron a Efe fuentes parlamentarias.

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