Europa apunta pero no dispara a la economía colaborativa, aunque alienta nuevas normas

Colaborar, a priori, no sería más que una interacción social entre dos o más personas, sin vínculos comerciales ni contraprestaciones económicas más allá del conocido favor por favor, lo que los latinos conocían como 'do ut des (doy para que me des)'. Las nuevas tecnologías han permitido poner al día ese concepto bajo el paraguas de la economía colaborativa, pero el problema ha surgido cuando se ha convertido en un verdadero negocio.

Lo que empezaron siendo meras contraprestaciones de servicios de todo tipo a través de internet, aunque también existen experiencias fuera de la Red -por ejemplo, los grupos de consumo y los huertos urbanos-, han mudado en algunos casos en multinacionales que compiten con los profesionales, especialmente en el transporte y el taxi. Por contra, las plataformas que captan fondos para proyectos ('crowdfunding') o se dedican al alquiler y compraventa de artículos de segunda mano, no han dado controversia.

Ni siquiera el desarrollo incipiente de otras plataformas que ponen en contacto a personas para compartir mesa y mantel, donde el anfitrión ofrece un menú predeterminado a un precio fijo, ha dado lugar al mismo nivel de discusiones. Y_eso que desde la Federación Española de Hosteleros (FEHR) siguen desde la distancia estás prácticas porque, de entrada, un particular no puede vender comidas. Cosa distinta es que se registre como autónomo, tenga carné de manipulador de alimentos y registro sanitario, además de pagar los impuestos correspondientes.

El incendio ha llegado donde, a priori, hay mayor negocio pues la economía colaborativa -cuyas plataformas suelen cobrar un porcentaje o comisión por sus servicios, en teoría solo de intermediación- ingresa más de 28.000 millones de euros al año. Eso solo en la UE, y según estima la Comisión Europea. Distintas consultoras apuntan una suma cercana a los 40.000 millones en 2016, aunque apenas llegaría a una décima parte de los 460.000 millones que se movieron en China.

Uno de sus grandes motores son las dos plataformas mundiales que compiten con el taxi y otros servicios profesionales de transporte. Son Uber y Cabify, cuya actividad ha quedado en entredicho a raíz de las conclusiones que el abogado general del tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) publicó hace una semana. Aunque la sentencia definitiva no se espera hasta septiembre, la estadística demuestra que la sentencia final no distará mucho de ese dictamen, y en él se establece que Uber «no puede calificarse de servicio de la sociedad de información».

Esto es, no puede funcionar bajo el paraguas del principio de libre prestación de servicios que el derecho comunitario reconoce, en general, a la economía colaborativa. El problema es que la frontera entre operar como una mera plataforma tecnológica o una verdadera empresa no está precisamente clara.

Posturas dispares

El fallo del TJUE_puede cambiar las cosas o, al menos, abrir el camino para hacerlo. Es en lo poco que coinciden los distintos bufetes que representan a varias de ellas y los que, a su vez, defienden a las asociaciones de taxistas, empresas de autobuses, etcétera. En eso, y en que «no toda la economía colaborativa es igual, algunas son meras plataformas de mercado», afirma Juan Ignacio Navas, socio del despacho Navas & Cusi especializado en derecho europeo y en este caso proclive a casos como el de Airbnb.

Pero también aquí existen dudas, y no pequeñas. Junto a la plataforma Homeaway ha sido acusada por el sector turístico, y en especial los hoteleros, de hacerles competencia desleal. Ellas dicen ser casi meros buscadores de alojamientos -Airbnb tiene más de tres millones en su base de datos y actúa en 191 países-, pero desde el 'lobby' Exceltur les conceden un papel mucho más relevante que un simple gestor, modificando los precios y las condiciones de este mercado pero sin cumplir las normas, ni de regulación urbanística ni tampoco tributarias.

El asunto, además de en manos de las administraciones competentes -no existe una regulación estatal, la autonómica suele ser laxa y las locales a veces dispares-, ya ha acabado en los tribunales aunque las sentencias, en parte contradictorias unas con otras, han sido recurridas y solo un fallo a medio plazo del Tribunal Supremo unificando jurisprudencia clarificaría las cosas.

Lo mismo pasó en el transporte. Uber tuvo que cerrar en España a finales de 2014, pero en marzo de 2016 se 'reinventó' cambiando a los conductores particulares por autónomos (trabajadores por cuenta ajena) que prestan un servicio similar al del taxi. Cuentan con una licencia profesional VTC, pero los taxistas denuncian que se saltan las limitaciones que conlleva. Por ese el conflicto ha ido a más y la protesta ha saltado a las calles. El sector volverá a manifestarse el 30 de mayo.