El TC desestima el recurso de Cataluña y avala la Ley de Telecomunicaciones

El pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado parcialmente el recurso interpuesto por la Generalitat contra varios artículos de la ley[…]

El pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado parcialmente el recurso interpuesto por la Generalitat contra varios artículos de la ley general de Telecomunicaciones, al considerar que dichos preceptos no limitan ni vulneran las competencias autonómicas en urbanismo y medios de comunicación.

El Alto Tribunal considera, en cambio, la protesta de Cataluña sobre el plan de despliegue o instalación de la red pública de comunicaciones electrónicas, y ve necesario el establecimiento del silencio administrativo para garantizar el funcionamiento del sistema.

En su sentencia, el Constitucional se pronuncia a favor de una ley con la que se busca recuperar la unidad de mercado en el sector, después de que la Generalitat recurriese en febrero de 2015 la constitucionalidad de una medida estatal que, aseguraban, podía apropiarse de competencias en materia de ordenación y urbanismo, así como en medios de comunicación y servicios de contenido audiovisual.

En relación con este último apartado, el pleno concluye que las competencias autonómicas no incluyen la inspección, control y protección del uso del dominio público radioeléctrico, y reitera el contenido de la regla estatal, aprobada en las Cámaras por un amplio consenso del 95 %.

Según informa el Ministerio de Industria en un comunicado, el respaldo del Constitucional permitirá afianzar las inversiones de los operadores de telecomunicaciones para la renovación de redes, que en 2014 aumentaron un 30 % respecto a 2013 hasta superar los 5.000 millones de euros.

De momento, Industria destaca el "impacto positivo" de una ley que tiene ha situado a España como primer país de Europa en despliegue de fibra, con más de 9,2 millones de accesos instalados.

Las modificaciones introducidas por la Ley General pretenden consolidar la seguridad jurídica en el sector a través de una simplificación administrativa que elimine licencias y autorizaciones, y que refuerce la coordinación de los derechos de los usuarios con el fin de solucionar las posibles controversias.

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