La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha anunciado que la Generalitat ha enviado un requerimiento al Gobierno central al considerar que el Reglamento de Domino Público Hidráulico que han aprobado no respeta las competencias autonómicas.
Así lo han anunciado desde la Generalitat en un comunicado, en el que han explicado que esta norma "no tiene en cuenta los territorios que han regulado el riesgo de inundación a través de una normativa específica, como el Plan de Acción Territorial sobre prevención de Riesgos de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), vigente en la Comunitat.
Tras la reunión que la consellera ha mantenido hoy con una representación de alcaldes de l'Horta Sud para analizar la problemática de la aplicación de la norma estatal, ha explicado que esta "incide directamente sobre los usos permitidos en los territorios afectados por inundabilidad y afecta a suelo clasificado y en planeamiento aprobado".
Asimismo, Salvador ha recordado que "la competencia exclusiva en materia urbanística la tiene la comunidad autónoma" y, por ello, ha pedido que el Ministerio de Medio Ambiente atienda el requerimiento de la Conselleria y tenga en cuenta el PATRICOVA aprobado por el Gobierno valenciano.
En este sentido, ha explicado que el Plan de Acción Territorial sobre prevención de Riesgos de Inundación en la Comunitat Valenciana está aprobado desde 2003 y ha sido recientemente revisado por el actual Consell.
En este documento ya se regula el riesgo de inundaciones y, además, lo hace "de una manera más pormenorizada, singularizada y adecuada a la realidad territorial de la Comunitat Valenciana".
Este plan es un instrumento que establece hasta siete niveles de inundación a la hora de analizar el territorio desde la perspectiva del riesgo y, por tanto, es "mucho más flexible".
Además, "permite la posibilidad de realizar estudios de inundabilidad con mayor detalle para estudiar el riesgo en un ámbito concreto y a una mayor escala de precisión, y permite hacer actuaciones urbanísticas cuando se haga un estudio de inundabilidad específico que justifique la compatibilidad".
"En cambio, el reglamento estatal regula únicamente dos usos y obliga a las viviendas a adaptarse a la zona de inundabilidad a un periodo vista de 500 años", ha añadido la consellera, que ha señalado la "incoherencia con el PATRICOVA", un documento que "es un referente en el ámbito europeo muy bien valorado".
La consellera ha lamentado que el Gobierno central haya aprobado este reglamento "sin consultar", lo que, a su juicio, está provocando "muchas dificultades de gestión y tramitación en los municipios".
Por ello, durante la reunión se ha acordado crear una comisión técnica con la participación entre la Conselleria y los ayuntamientos para elaborar una guía sobre "las normas constructivas y de adaptación al riesgo que sirva a los técnicos de los municipios a la hora de otorgar licencias".
Por su parte, el acalde de Albal, Ramón Marí, en nombre de los alcaldes asistentes a la reunión, ha mostrado sus satisfacción por "haber puesto en marcha los instrumentos que pueden solucionar la problemática que se ha creado con este reglamento estatal y que limita la concesión de licencias".
A esta reunión también han asistido los alcaldes de Picassent, Xirivella, Sedaví, Quart de Poblet, Silla, Aldaia, y Alcàsser y representantes de los ayuntamientos de Alfafar, Massanssa, Beniparell y Picanya, así como el director general de Ordenación del Territorio y Paisaje, Luis Ferrando.
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