El PSOE acusa a la Junta de llevar desde 2012 "sin pagar" a los remolacheros

El secretario general del PSOE de Ávila, Jesús Caro, ha criticado este jueves a la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León por llevar desde 2012 "sin pagar una ayuda a la que se comprometió por escrito con los remolacheros".

Caro ha hecho referencia a la decisión de la Administración autonómica de conceder ayudas por un valor superior a los 10 millones de euros a 5.500 remolacheros de la Comunidad, correspondientes a la campaña 2011-2012.

El dirigente socialista considera en nota de prensa "grave" que, después de "demorar la causa judicial durante años", el Gobierno autonómico "anuncie ahora el abono de los 10 millones de euros a seis meses vista de las elecciones de mayo".

"Es ruin y mezquino que durante los últimos seis años se haya puesto toda clase de impedimentos a los cultivadores desde la Junta para que percibieran lo que les correspondía", ha afirmado el líder de los socialistas abulenses.

En su opinión, "resulta más perverso aún que se utilice desde los despachos de la Junta una vez más a los agricultores y ganaderos, con un objetivo claramente electoralista, sin reparar en el daño que han ocasionado durante estos últimos años a un sector estratégico".

En este sentido, considera "muy grave" que la portavoz del Gobierno regional y consejera de Agricultura, Milagros Marcos, "haya ocultado lo que hay detrás" de ese anuncio, después de que "el Gobierno regional rompiera de forma unilateral el acuerdo suscrito dentro del Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural 2007-2013".

Según ha recordado Caro, dicho acuerdo comprometía a la Junta a aportar 10 millones de euros -3 euros/tonelada tipo- por campaña, "dejando de pagar a los remolacheros lo que les correspondía durante las campañas PAC de los años 2011, 2012 y 2013".

En este sentido, ha explicado que desde entonces los agricultores "han tenido que litigar judicialmente, bien de forma individual o colectiva, a través de determinadas organizaciones profesionales agrarias, contra la propia Junta de Castilla y León para defender sus derechos".

A juicio de Jesús Caro, resulta "un atropello por parte del Gobierno regional que a pesar de las sentencias del TSJCYL a favor de los remolacheros, la propia Administración recurriera en su día ante el Tribunal Supremo, con el único fin de no pagar a lo que se había comprometido con los propios agricultores".

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