El Govern fija una batería de requisitos para comercializar servicios de taxi

El gobierno catalán ha regulado por decreto la batería de requisitos que deberán cumplir quienes se dediquen a contratar y comercializar servicios de taxi urbano e interurbano.

El decreto, aprobado hoy por el Govern, afecta a las empresas de mediación, ya sea a través de emisoras de radiofrecuencia, sistemas de telefonía o aplicaciones informáticas.

Para garantizar los derechos de los usuarios y evitar fraudes o casos de faltas de solvencia profesional y técnica, la Generalitat establece una relación de obligaciones.

Una vez la nueva norma se publique en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), cualquier persona que quiera prestar servicios de contratación y comercialización de taxi deberá constituir una sociedad mercantil, laboral o cooperativa, y comunicarlo a la administración competente.

Asimismo, se le exigirá que disponga de un local abierto al público o bien de un sistema telemático de atención al cliente, que cumpla con la normativa en materia de protección de datos o bien que que disponga de un sistema de comunicación que garantice la transmisión de datos para la asignación de servicios a los taxistas.

También se pedirá que se justifique la vinculación de la empresa de mediación con los titulares de un número mínimo de licencias o bien que se disponga de un sistema en un entorno web para dispositivos móviles, todo ello con el fin de atender de manera telemática las quejas o consultas de los usuarios.

Asimismo, las empresas de mediación deberán tener contratado un seguro de responsabilidad civil por un importe proporcional al número de licencias de taxi que tenga vinculadas.

También se reclama que los elementos básicos del servicio, sobre todo las tarifas, estén identificadas perfectamente.

En los últimos años, el sector del taxi ha sufrido muchos cambios, especialmente por la irrupción de aplicaciones como Uber, que empezó a operar en España en abril de 2014, en concreto en Barcelona, aunque a finales de ese año suspendió su servicio en España en cumplimiento de la orden de un juzgado mercantil de Madrid.

Actualmente, Uber no ve posible implantarse en Barcelona, por la falta de licencias que regulan el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), aunque Uber sí opera en Madrid actualmente gracias al mayor número de licencias de este tipo en dicha comunidad.

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