El Gobierno ha pagado 94 millones por la planta y debe 35 a la explotadora

El Gobierno de Murcia ha pagado 94 millones por el alquiler de la desalinizadora de Escombreras y debe 35 a las empresas que la explotan y gestionan, Hydromanagement y Tedagua, pertenecientes al grupo constructor ACS, según el interventor general de esa comunidad autónoma, Eduardo Garro.

En su intervención en la Comisión Especial de Investigación de esa planta en la Asamblea Regional de Murcia, ha detallado que a finales de 2015 la deuda alcanzaba los 42 millones (28 a Hydromanagement y 14 a Tedagua), pero ha estimado que en el primer cuatrimestre de 2016 esa cifra se ha reducido a 35.

Ha defendido los informes de su departamento sobre la conveniencia de disolver o declarar en concurso de acreedores la empresa pública Desaladora de Escombreras por su situación económica y de abrir un expediente de responsabilidad contable por la gestión pública del proyecto, emitidos en octubre de 2013 y en julio de 2015.

Respecto al segundo informe, ha dicho que recomendó al consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, que abriera el expediente porque tenía la "preocupación" de que si se le enviaba directamente una "documentación heterogénea, sin orden lógico y con meras hipótesis" al Tribunal de Cuentas (TC), órgano competente para resolver el caso, había riesgo de que lo devolviera al considerarlo "incompleto".

Sin embargo, ha considerado "perfectamente compatible" que el Consejo de Gobierno mandara el informe directamente al TC.

Preguntado por si hubiera firmado a título personal un contrato de arrendamiento en el que se incluye una cláusula de penalización a la comunidad autónoma por incumplimiento del acuerdo de cerca de 600 millones, ha respondido que no.

Ha concluido que no es habitual firmar un modelo de arrendamiento financiero por el que el Gobierno de Murcia no será propietario de la planta hasta que no abone el último pago a las empresas.

Luego ha comparecido el director de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, Francisco Ferrer, quien ha considerado posible porque no ha prescrito que el Ejecutivo murciano pueda demandar a Hydromanagement y Tedagua por la "falta de reciprocidad" en los contratos firmados a principios de 2006, aunque ha apostado por resolver "el problema de la deuda asumida" adquiriendo las acciones de Hydromanagement o modificando las condiciones contractuales.

Ferrer ha admitido que aunque habló de la situación de la planta con el expresidente del Gobierno regional Ramón Luis Valcárcel y el exconsejero de Agricultura y Agua Antonio Cerdá en sendas conversaciones informales, no fue hasta junio de 2015, con el Ejecutivo en funciones presidido por Alberto Garre, cuando se emitió el informe sobre el desequilibrio económico de la desalinizadora.

Ha anunciado que su departamento ha propuesto una reducción "bastante considerable" de la minuta de 318.000 euros solicitada por el procurador que representaba al hoy extinto Ente Público del Agua (EPA) autonómico en el proceso judicial por lucro cesante por no haberle abonado este los pagos previstos a ACS.

También ha comparecido el representante de la división de intervención y fiscalización de la comunidad autónoma, David Rodríguez, que se ha limitado a confirmar en su breve intervención la veracidad del informe sobre la planta que remitió a su superior, Eduardo Garro, en julio de 2015.

El diputado de Podemos Antonio Urbina ha denunciado los contratos "draconianos" firmados con las empresas del grupo ACS para "librarse de los pagos injustos" motivados por un "arrendamiento financiero muy lesivo" para los intereses de la Región, de 600 millones.

Urbina ha considerado que la planta ya está pagada por el Ejecutivo murciano, puesto que se han abonado según sus cálculos 100 millones a los que habría que sumar los 22 que hay que pagar a Tedagua por un "mantenimiento desorbitante", lo que rebasaría los 114 que costó construirla.

Desde el PSOE, Jesús Navarro ha adelantado que no apoyará una posible compra pública de la planta, en negociación entre ambas partes, porque de sus siete líneas de producción solo funcionan tres, otras dos están averiadas y las dos restantes, desmanteladas.

A su juicio, los informes de intervención y servicios jurídicos muestran indicios de malversación, prevaricación y cohecho de los miembros del Consejo de Gobierno y del de administración del EPA al comprar la parcela donde se asienta la infraestructura y acciones de las empresas privadas en ella involucradas.

El presidente de la comisión y portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha incidido en que el Gobierno "ha hecho caso omiso" de los informes de esos departamentos en los que se pedía la disolución de Desaladora de Escombreras y abandonar el alquiler de una planta que cuesta 70.000 euros diarios "y lo que te rondaré, morena".

Se ha preguntado a quién quiere proteger el Gobierno al remitir directamente al TC una información sin preparación, con el riesgo de que sea devuelta y se dilaten los plazos de un proceso de responsabilidad contable por alcance que, en el caso de concluir en condena, provocaría que los responsables de la administración regional "respondieran con su propio patrimonio".

Finalmente, el diputado del PP Juan Luis Pedreño ha considerado que los "logros" de la comisión son que ayude al Ejecutivo murciano a encontrar la mejor solución para resolver los problemas de deuda financiera existentes y que lo haga con las máximas garantías para los ciudadanos de la Región.

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