El Congreso decide el martes si convalida la nueva regulación del bono social

El Pleno del Congreso decidirá el próximo martes si convalida o no el real decreto-ley que recoge el nuevo mecanismo de financiación del bono social y plantea otras medidas de protección para los consumidores vulnerables de energía eléctrica.

El real decreto-ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre, se elaboró a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que invalidó el sistema de financiación del bono social, un descuento del 25 % en el recibo de la luz que se aplica a los consumidores más vulnerables, actualmente 2,4 millones de hogares.

Aunque el real decreto-ley llega la próxima semana al Congreso, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, sigue negociando con los grupos parlamentarios algunos aspectos clave para su desarrollo normativo, como los criterios para definir quiénes son consumidores vulnerables.

A diferencia de lo que ocurre ahora, la intención es que las ayudas se modulen en función de la renta y vayan desde diferentes descuentos en la tarifa hasta el pago total de las facturas.

En la actualidad se pueden beneficiar del bono social las familias con todos sus miembros en paro, los perceptores de pensiones mínimas, las familias numerosas y los consumidores con una potencia contratada inferior a tres kilovatios.

En principio, se contemplan cuatro tipos de consumidores: los ordinarios; dos clases de usuarios vulnerables, que tendrían distintos niveles de descuento en la tarifa regulada; y una categoría de consumidores especialmente vulnerables, atendidos por los servicios sociales, a los que no se podrá cortar la luz.

En este último caso, el coste de los impagos para evitar el corte de suministro será cofinanciado por las eléctricas a través del bono social.

Además, se ampliará de dos a cuatro meses el periodo de preaviso en el caso de los consumidores vulnerables.

Las compañía eléctricas estarán obligadas a comunicar la situación de impago a los consumidores y contactar con los servicios sociales para ver si entran en la categoría de "extremadamente vulnerables".

El bono social será costeado por todas las comercializadoras eléctricas y no solo por las que desarrollan también actividades de generación y distribución, como ocurría hasta ahora.

El Tribunal Supremo tumbó ese modelo de financiación por considerarlo discriminatorio.