El CES pide un mayor control sobre las plataformas de viviendas turísticas

El Consejo Económico y Social (CES) vasco ha pedido un mayor control sobre las plataformas intermediarias de viviendas turísticas.

El CES, un órgano consultivo, ha hecho público hoy su dictamen sobre el proyecto de decreto de viviendas y habitaciones particulares para uso turístico que ha redactado el Departamento de Turismo del Gobierno Vasco.

Esta norma busca regular las viviendas privadas que se ofertan para alquiler vacacional por medio de plataformas como Airbnb, HomeAway y similares. Es una modalidad en auge y el 17 % de los habitantes de la Unión Europea la utilizaron durante el último año, según Eurostat.

En su dictamen, el Consejo recuerda que se trata de una cuestión polémica, por lo que considera oportuno que se aborde esta regulación y se adapte a las sentencias jurídicas que se han producido en este ámbito.

En especial, la sentencia que identifica a estas plataformas como intermediarias de una actividad económica y, por tanto, un agente más en el servicio turístico que debe acogerse a la Ley de Turismo.

El dictamen del CES también enumera algunos riesgos que pueden derivarse de esta modalidad de hospedaje. Entre ellos, la posibilidad de que una expansión masiva de las viviendas turísticas sustituya y afecte al mercado de alquiler residencial, provocando un aumento de las rentas que perjudique a las personas que únicamente pueden optar a un arrrendamiento modesto.

También existe el riesgo de reemplazar población estable por población flotante en las urbes más turísticas, con las consiguiente afección al propio modelo de ciudad.

Por último, el CES cita el riesgo de que algunas plataformas intermediarias actúen de manera opaca y oculten la propiedad auténtica con identidades pantalla, "por lo que consideramos que debe existir un mayor control sobre estas empresas y situaciones", ha señalado el Consejo.

El dictamen también advierte sobre la posibilidad de que haya municipios que no dispongan de una normativa al respecto.

Por este motivo, el dictamen pide ampliar el contenido del decreto para que cubra subsidiariamente la posible ausencia de normativa municipal en algunos Ayuntamientos.

Por último, el CES muestra su "total acuerdo" con la supeditación de la actividad de las viviendas turísticas al consentimiento de la comunidad vecinal y pide que el nuevo decreto haga constar en la definición de su ámbito de aplicación que no regulará los establecimientos de agroturismo y casas rurales, ya estos que cuentan con una normativa reguladora propia.

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