EEUU recurre decisión de OMC que declaró ilegales subvenciones al Boeing 777X
El Gobierno de Estados Unidos presentó hoy un recurso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra la resolución del[…]
El Gobierno de Estados Unidos presentó hoy un recurso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra la resolución del pasado 28 de noviembre que declaró ilegal el régimen multimillonario de ventajas fiscales concedidas a Boeing por el estado de Washington para la fabricación del avión 777X.
La OMC informó hoy en su página web de la decisión del Gobierno estadounidense, que ya estaba prevista después del fallo del grupo especial creado en el marco del órgano de resolución de disputas de la organización, que pedía a EEUU retirar las subvenciones prohibidas en un plazo máximo de 90 días.
La apelación será examinada ahora por el órgano de apelación, que dispone hasta tres meses para concluir su informe.
La resolución del pasado 28 de noviembre, una de varias en la disputa que enfrenta a la UE y EEUU desde hace 12 años por las ayudas públicas a sus firmas aeronáuticas Boeing y Airbus, resultó controvertida para ambas partes.
Bruselas recurrió en 2014 a la OMC por la decisión en 2013 del estado de Washington de modificar y ampliar hasta 2040 unas ventajas fiscales a Boeing a cambio de que el gigante aeronáutico estadounidense efectuara la producción del ala y el fuselaje del 777X, así como el montaje final, en ese estado.
En su decisión el panel indica que los incentivos fiscales del estado de Washington suponen una subvención supeditada "de facto" al empleo de productos nacionales con preferencia sobre los importados, lo que supone discriminar a fabricantes extranjeros.
No obstante, el panel rechazó la alegación de Bruselas de que la disponibilidad de las subvenciones esté condicionada por virtud de la ley al empleo de alas y fuselajes nacionales con preferencia sobre los productos importados.
Según la UE, el valor de las subvenciones prohibidas asciende a 5.700 millones de dólares, de un paquete total de incentivos fiscales que el estado de Washington había cifrado en 8.700 millones.