Ecologistas piden suspensión de actividad de CLC por extraer agua ilegalmente

Ecologistas en Acción ha anunciado hoy que solicitará la paralización de la actividad minera en la empresa Cobre las Cruces (CLC), de Gerena (Sevilla), "hasta que deje de extraer agua subterránea ilegalmente", amparados en una sentencia del Tribunal Supremo que les da la razón en este caso.

En un comunicado remitido junto a la sentencia que hoy se ha dado a conocer, señala que el fallo "pone en evidencia, una vez más, la permanente connivencia, por acción u omisión, que desde el año 2009 han ejercido altos cargos de la Junta de Andalucía con la explotación minera de Cobre Las Cruces".

La sentencia confirma la del 30 de junio de 2015 del TSJA que declaró ilegal, a instancias de Ecologistas en Acción, la Resolución de 7 de abril de 2009 que permitió la reapertura de la mina de CLC, "y por extensión todas aquellas actuaciones de desarrollo y ejecución de la resolución antes dicha".

Esa resolución "se firmó a toda prisa en el último Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía presidido por Manuel Chaves", dice la nota de Ecologistas, que indica que la resolución anulada por el TS "incumplió flagrantemente los términos de otra resolución anterior, de 3 de junio de 2008, de la propia consejería competente en minas, que confirmaba la suspensión provisional de las labores de profundización de la corta minera para evitar el afloramiento del mineral, hasta tanto se produjese el levantamiento de la suspensión acordada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir".

Todo ello, dicen, "en aras de la seguridad minera, a la conservación de la integridad de la superficie, la conservación del recurso y la protección del medio ambiente".

La suspensión de la CHG se produjo el 12 de mayo de 2008 cuando detectó que el Sistema de Drenaje-Reinyección (SDR) de aguas subterráneas de CLC, en vez de proteger al acuífero de Gerena, lo estaba contaminando con arsénico y extrayendo ilegalmente agua.

Tras las denuncias de Ecologistas en Acción, por esos hechos, en septiembre de 2016 han sido condenados por la Audiencia Provincial por delitos contra el medio ambiente y otro de daños al dominio público, el exconsejero delegado de CLC, Françoise Fleury, el exdirector de Minas, William Thomas Willliams y la directora del área de Medio Ambiente, Paz Cosmen.

La suspensión decretada por la CHG debía durar hasta que quedara garantizada la preservación del acuífero, aunque "durante todos estos años se ha demostrado que CLC usa anualmente un millón de metros cúbicos de agua del acuífero por encima de los 180.000 m3/año que tiene otorgados desde 2004, sin que la CHG ni la Junta hayan hecho nada para impedirlo".

.