Ecologistas denunciarán a Alguaire por no derribar antena telefónica denegada

La asociación ecologista Ipcena denunciará ante la Fiscalía al alcalde de Alguaire (Lleida), Antoni Perea, por permitir el funcionamiento de una antena de telefonía que opera sin la licencia correspondiente desde 1996 y que desde 2007 debería estar derribada por orden del juez.

Según denuncia Ipcena, la antena de telefonía para móviles se construyó y puso en marcha en Alguaire en el año 1996 y no fue hasta 2004 que la empresa propietaria solicitó la licencia ambiental por primera vez, de manera que estuvo operando todos esos años sin tener dicho trámite de obligado cumplimiento.

El Consejo Comarcal del Segrià redactó entonces diferentes informes desfavorables a la concesión de dicha licencia y posteriormente, en abril de 2005, el ayuntamiento denegó la licencia ambiental.

La empresa de telefónica presentó entonces un recurso contencioso-administrativo contra dicha denegación que acabó perdiendo en 2007 y, aunque recurrió la sentencia, el TSJC volvió a desestimar ese año el recurso de la telefónica.

En concreto, se desestimaron sus peticiones debido a que la torre de telefonía tiene una altura de 27 metros cuando en el plan urbanístico de esa zona, que es residencial, se establece que debería ser de 14.

Cuatro años más tarde, en 2011, ante la inactividad de la empresa a la hora de quitar la antena, el gobierno local aprobó un acuerdo para dar cumplimiento a las sentencias judiciales y ordenó que en el plazo de 20 días la empresa propietaria de la antena cesara la actividad y la desmantelase.

Pese a este acuerdo, según Ipcena, "lamentablemente, 9 años después de dichas sentencias y teniendo la empresa otra antena nueva en Alguaire, la antena vieja sigue de pie y en funcionamiento, con el riesgo para la salud que conlleva para la población".

Por ello, la entidad reclama al consistorio que emita un decreto ordenando que la antena deje de emitir y que sea desmantelada de forma urgente (en 20 días como máximo), que abra un expediente disciplinario y sancionador contra la compañía y que le exija a ésta una compensación a los vecinos por el riesgo de las radiaciones emitidas por la antena durante estos años que ha funcionado de forma ilegal.

"Si el ayuntamiento continúa con el abandono de sus funciones y sin dar cumplimiento a las sentencias judiciales, Ipcena denunciará al alcalde ante Fiscalía", amenaza Ipcena.

Ipcena considera, en este sentido, que el edil podría estar incurriendo en alguna responsabilidad penal por "incumplimiento, obstrucción y abandono de funciones en el cumplimiento de sentencias firmes".

La entidad considera asimismo que podría haber un trato de favor del ayuntamiento a la empresa de telefonía propietaria de la antena y, además, que su no desmantelamiento está exponiendo a un riesgo potencial a la salud de la vecindad por las radiaciones que lleva emitiendo durante todos los años de funcionamiento ilegal.

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